(Pulso) En enero la polémica por la Ley de Pesca alcanzó su peak cuando la presidencia de la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto que busca anular la actual legislación del sector. Frente a esto, el Gobierno solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) que realizara una evaluación técnica de la llamada «Ley Longueira», informe que será entregado en agosto a la autoridad. La representante de la organización en Chile, Eve Crowley, asegura que el sector pesquero se encuentra en una posición privilegiada a nivel global. «La idea del Gobierno de revisar la Ley busca que no solamente Chile tenga una ley adecuada, sino que quiere seguir siendo uno de los líderes en la pesca a nivel internacional», subrayó.
¿Qué ámbitos del sector pesquero ve con preocupación?
No se puede tener un mundo sin hambre y sin pobreza sin una buena gobernanza de los recursos naturales. Y uno de esos recursos más importantes es el sector pesquero. FAO ha trabajado con todos sus países miembros en crear instrumentos de buena gobernanza internacional. Es sumamente importante que esos estándares internacionales sean acatados a nivel nacional y nosotros estamos a disposición de apoyar al Gobierno en esto. Entonces, una preocupación es asegurar que Chile esté alineado con las normas internacionales. Una segunda, son los nuevos retos, sobretodo el cambio climático, que trae muchas incertidumbres sobre la calidad y cantidad de los recursos naturales del territorio chileno. Siempre que hay escasez, se crea incertidumbre en las personas, a veces conflictos, eso es normal. Una preocupación nuestra está asociada con la sostenibilidad y el cambio climático y la adaptación al cambio climático. La tercera preocupación está asociada con la inclusión social. En todos los países hay grupos con más voz y con menos voz, y para tener una gobernanza adecuada la inclusión es fundamental. Entonces, nuestra perspectiva es ecosistémica donde miramos a todas las personas afectadas directa o indirectamente por el sector pesquero y de todos los involucrados a lo largo de la cadena de valor. Para tener una buena gobernanza hay que escuchar las voces de todas esas personas y asegurar que sean reconocidas en la discusión.
¿Esa es la idea de la consulta pública que se hará?
Hemos hecho una revisión y analizado los instrumentos y estándares internacionales de buenas prácticas y la idea es ver las brechas entre estos y la práctica actual en Chile. Estamos preparando un informe sobre esto y la idea es crear un cuestionario que se enfoca en las brechas posibles que nosotros hemos identificado, escuchar la voz de todos los actores hacia este primer diagnóstico y también considerar otros temas. El primer periodo de consulta será entre el 11 y el 15 de abril en las macro zonas 1 y 2, que son Iquique (Región de Tarapacá) y Coquimbo (Región de Coquimbo). El segundo periodo de consulta será entre el 25 y 29 de abril que será en las macro zonas 3 y 4, o sea Concepción (Región del Biobío) y Puerto Montt (Región de Los Lagos), y después el último será entre el 3 y 4 de mayo que son consultas con las autoridades científicas y las ONG’s aquí en Santiago (Región Metropolitana) y Valparaíso (Región de Valparaíso). Ese es el calendario. Después de las consultas habrán recomendaciones que permiten eliminar, acortar o cerrar las brechas o vacíos de la Ley con respecto de los instrumentos y estándares y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y gobernanza de los recursos. Esto esperamos tenerlo a finales de mayo al menos al nivel informal y haremos un informe final del proyecto que contiene los resultados y recomendaciones de la asistencia técnica con una orientación más hacia el público para agosto de 2016.
¿Cómo se va a implementar?
Tenemos una serie de consultores que hemos reclutado a través de un proceso transparente y único, con una llamada abierta. Es un tema interesante porque dado la importancia de esta ley y la polémica asociada fue muy importante una selección transparente y asegurar que los reclutados no tienen intereses de ninguna forma histórica o actual asociado con la ley, sino iba a influenciar los resultados. Entonces tuvimos que tener un proceso muy cuidadoso y código para asegurar su comportamiento adecuado.
Ustedes recomiendan, pero la decisión final recaerá en el Gobierno…
Tenemos recomendaciones de cómo hacer un buen proceso participativo, estamos convencidos que buenas políticas resultan de buenos procesos consultivos y hacemos esas recomendaciones, pero al final las decisiones estarán dentro de los procesos internos del Gobierno que es parte de un proceso democrático y moderno de un país como Chile. Quiero mencionar algo. Sabemos que el sector pesquero es algo muy polémico. A veces olvidamos que el sector pesquero en Chile es muy avanzado comparado con otros países del mundo, quiero decir esto porque la FAO ha tenido una historia muy larga con el sector desde los años 50 y ahora Chile con sus propios esfuerzos es uno de los líderes de la región en algunos de los instrumentos internacionales que tenemos. Es muy avanzado en la fiscalización y monitoreo, hay siempre cosas que mejorar pero pensemos que la idea del Gobierno de revisar la Ley busca que no solamente Chile tenga una ley adecuada, sino que quiere seguir siendo uno de los líderes en la pesca a nivel internacional, porque muchos países con leyes peores no están haciendo esto. Chile siempre quiere renovarse para estar cada vez mejor y cada vez más ajustados a los nuevos instrumentos internacionales.