Posterior a la crisis generada por el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv) en el año 2007 en Chile, la industria del salmón le solicitó al Estado regulaciones sanitarias estrictas de forma tal de evitar una nueva crisis sanitaria, considerando el severo efecto económico y social generado, lo que causó una pérdida de alrededor de 25.000 puestos de trabajo.
A partir de esa fecha, se implementaron una serie de regulaciones cuyo objetivo fue mitigar los riesgos de introducción de patógenos y la diseminación de estos, destacándose el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del Salmón (PSEVC-ISA), implementado en noviembre de 2009, en el que se establecen los procedimientos y programas de muestreo en las diferentes etapas de cultivo de los salmónidos cultivados en Chile. A su vez, se realizó una actualización del Reglamento Sanitario (RESA) con el fin de implementar los programas sanitarios listados en este; mientras que se ponía énfasis en las medidas de bioseguridad como una forma de contener a la patología y evitar su diseminación.
Con esas palabras, Sandra Bravo (en la foto), quien es Master en Ciencias de la Universidad De Génova (Italia) y profesora-investigadora del 
Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile (UACh), comenzó una columna de opinión que hizo llegar a AQUA donde argumentó que todos las medidas instauradas, junto con los procesos de desinfección de equipamiento, redes, balsas jaulas, embarcaciones y personal para evitar la diseminación de patógenos, sumado a las certificaciones sanitarias de movimiento de peces desde pisciculturas a los centros de cultivo en lagos y mar, certificados de cosecha, certificados de mortalidad, entre otros, han contribuido a incrementar los costos de producción de las salmonicultoras.
«Así, a ocho años de la crisis, los productores le piden nuevamente al Estado un cambio en las regulaciones, atribuyendo los altos costos de producción al desembolso generado por las regulaciones post-ISA impuestas por el mismo Estado, aduciendo pérdida de la competitividad frente a Noruega, su principal competidor, cuyos costos de producción por kilo de salmón cosechado son un dólar más bajo y país que además promueve la venta del salmón argumentando el no uso de antibióticos en el proceso productivo, lo que tiene un efecto importante sobre los consumidores, quienes están dispuestos a pagar más por un producto ‘biosustentable'», subrayó Sandra Bravo.
A su juicio, con las regulaciones implementadas en Chile solo se logró mantener bajo control al ISA, reportándose después del año 2009 escasos brotes del virus en algunos centros de cultivo puntuales, en los que probablemente la situación ambiental y productiva no favorecía el bienestar de los peces, lo que desencadenó su presencia. «No ha ocurrido lo mismo con la Piscirickettsia salmonis y con el parásito Caligus rogercresseyi, ambos patógenos considerados los de mayor impacto económico para la industria salmonicultora nacional, presentes durante todo el ciclo de producción en el mar y responsables de los volúmenes de medicamentos usados para su control, lo que ha contribuido a elevar los costos de producción en una fracción importante, principalmente después de la implementación de los programas sanitarios específicos de vigilancia y control implementados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para las dos enfermedades (PSEVC-Caligidosis y PSEVC-Piscirickettsiosis), en los cuales se señala que los centros identificados como CAD (centros de alta diseminación) deben presentar en un plazo máximo de 48 horas un plan de acción que incorpore las medidas a implementar por el centro para reducir la diseminación del patógeno en cuestión (Res Ex. Nº13/2015; Res. Ex. 3174/2012); normas que por lo general están basadas en la aplicación de tratamientos», sostuvo quien es una de las científicas de mayor trayectoria en el sector.
Lo cierto es que hoy existe una alta preocupación por parte de todos los actores ante esta crisis silenciosa que está hoy afectando a la industria del salmón, principalmente porque se sabe que una nueva caída en la producción afectará negativamente al empleo y a las empresas que forman parte de su encadenamiento productivo (servicios y proveedores).
Frente a ese escenario, complementó Sandra Bravo, parece sensato llevar a cabo una revisión de las medidas de bioseguridad y programas sanitarios implementados por el Sernapesca, así como también de las medidas adicionales instauradas voluntariamente por la industria, de forma tal de eliminar las que no aportan a mantener a los patógenos bajo control. «Sin embargo, es también altamente relevante redefinir la actual política de producción por parte de las propias compañías, poniendo foco en las buenas prácticas de producción, sustentabilidad ambiental y bienestar animal», enfatizó.
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