Fiscalización acuícola: ONGs valoran fallo de la Contraloría

May 17, 2021

“El informe de auditoría de la Contraloría resulta valorable y preocupante a la vez, pues detecta falencias en cuestiones que, a esta altura, debieran entenderse mínimas para una adecuada fiscalización de la industria", dijeron desde Terram.

Geute Conservación Sur en conjunto con Fundación Terram presentaron una serie de acciones ante la Contraloría General de la República (CGR) al detectar –según informaron– diversas infracciones al marco regulatorio existente. La Contraloría dio respuesta hace algunos días, detectando falencias en el ejercicio de las atribuciones de control y fiscalización de diversos órganos con competencias relacionadas a la actividad salmonicultora, entre ellos, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), entre otros organismos estatales.

Según lo informado desde Terram, el principal resultado de la auditoría es que, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019, se detectaron  incumplimientos en la aplicación de las leyes, atrasos en la implementación de reglamentos y ausencia de procedimientos administrativos adecuados para fiscalizar y evaluar la instalación y operación de centros de cultivo de salmones en la Patagonia chilena.

LEA: Contraloría: Detectan falta de fiscalización a salmoniculturas por parte de organismos estatales

“El informe de auditoría de la Contraloría resulta valorable y preocupante a la vez, pues detecta falencias en cuestiones que, a esta altura, debieran entenderse mínimas para una adecuada fiscalización de la industria, especialmente, en lo relativo al cumplimiento de los plazos para ejercer sus potestades. Lo anterior se constata, por ejemplo, en la mínima evaluación y aprobación de los planes de acción ante contingencias por parte de Sernapesca, o la falta de atención oportuna de denuncias formuladas en el caso de la SMA y la SSFFAA, lo cual repercute directamente en la escasa operatividad del régimen sancionatorio”, expuso Christian Paredes, abogado de Fundación Terram.

“Esta auditoría se suma a dictámenes de los años 2016 y 2017 que arrojaron hallazgos similares. Es decir, podemos hablar de una negligencia sistemática y permanente de parte de los organismos que debieran regular una actividad que provoca contaminación en el medio ambiente marino y que no es regulada ni fiscalizada de manera adecuada por los organismos pertinentes”, aseguró Álvaro Montaña, uno de los profesionales de Geute Conservación Sur que participó en la investigación de la industria y en las acciones presentadas a la Contraloría para solicitar dichas auditorías.

Fotografía: Terram

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