Declarar la nulidad de la Ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regularizaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones (boletín 10527), es lo que busca el proyecto de ley, originado en moción, discutido el pasado martes 15 de noviembre en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
En la oportunidad, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, aclaró que la postura del Ejecutivo es clara en relación a la 
materia en debate. «Nos parece que esto es inconstitucional y esperamos que la Comisión comparta también esta posición. Nosotros tenemos que resguardar adecuadamente el marco constitucional de funcionamiento de nuestro país y esto es lo que vamos a hacer siempre», expresó.
La diputada Marisol Turres coincidió con la postura del Gobierno asegurando que en la legislación chilena no está contemplada la posibilidad de declarar la nulidad de una ley. «Esto no existe, constitucionalmente es imposible que ello se dé. El único organismo llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley es el Tribunal Constitucional», enfatizó.
La legisladora manifestó que si esto fuera posible, las consecuencias podrían terminar siendo «desastrosas». «Esto dejaría desregulado todo lo que significa la actividad en el mar, no tendríamos las millas que están reservadas para la pesca artesanal, todo lo que significa el cuidado de las distintas pesquerías, la opinión de expertos para efectos de poder determinar cuál es la cuota que se puede capturar de cada una de las especies en nuestro mar, entre otras», concluyó la congresista de la UDI.