La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) valoró la última acta de la sesión extraordinaria del Comité Científico Técnico (CCT) de Recursos Demersales de la Zona Centro Sur, evacuada esta semana, relativa al proyecto de ley que prohíbe la pesca de arrastre para la merluza común (Merluccius gayi).
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Al respecto, la presidenta del gremio, Macarena Cepeda Godoy (en la foto destacada), argumentó que «es importante lo señalado por el CCT, pues expresa textual que el proyecto de ley que prohíbe el uso del arte de pesca de arrastre no cumple con el propósito de contribuir a la recuperación del recurso merluza común», y agregó que «la principal limitante para la recuperación de la merluza es el elevado nivel de ilegalidad en la pesquería. Pero además, reconoce que existe un avance progresivo en la implementación de mejoras en el arte de arrastre en selectividad en las capturas y reducción del descarte y la captura incidental».
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La timonel de la Asipes adujo que los CCT son organismos asesores y/o de consulta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) en materias científicas relevantes para la administración de las pesquerías. Junto con esto, destacó que el propio Comité Científico le solicita a la Subsecretaría informar de estas conclusiones al Congreso y a la “comunidad nacional”.
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«Esto nos parece tremendamente valorable, pues en los diversos proyectos de ley que tramita el Congreso en temas pesqueros abundan aproximaciones erradas o derechamente falsedades, desconociendo los avances tecnológicos y buenas prácticas que se han incorporado en la última década», puntualizó la representante gremial.
US$35 millones
Actualmente, la cuota global de merluza es de 37.270 toneladas (t), de las cuales 22.362 son industrial y 14.908 t son del sector artesanal. Sin embargo, las estimaciones de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales (ONGs) e incluso las actas públicas del Comité de Manejo de este recurso (donde concurren representantes de ambos sectores), evidencian -según lo subrayado por la Asipes en su comunicado de prensa- que la pesca ilegal y/o no reportada es mayor que la captura biológica global permisible para la pesquería completa.
«Es más, solo la pesca ilegal de merluza en la región del Maule es cinco veces la cuota total del sector artesanal en su conjunto, estimándose por sobre las 50.000 toneladas», afirma el gremio industrial, añadiendo que «los cálculos más conservadores sostienen que la pesca ilegal de merluza que copa los terminales pesqueros de la zona centro sur, ferias libres y venta callejera, les reporta a las mafias tras el ilícito ganancias superiores a los US$35 millones anuales. Estas utilidades, por cierto, no pagan impuestos y carecen de la más mínima trazabilidad sanitaria y tributaria».
Luego, la Asipes aseveró que el millonario negocio de la pesca ilegal de merluza genera un efecto devastador entre las y los pescadores legales, que cumplen sus cuotas e intentan proteger el recurso. Esto porque no pueden competir con el “precio en playa” que presentan las «mafias de la merluza» que copan todo el mercado y manejan la cadena logística y los puntos de venta a lo largo de la zona central de Chile.
«Una caja de 30 kilos de merluza en playa debería costar sobre los $25.000, sin embargo, producto del sobrestock que generan las mafias con merluza fuera de cuota, estos precios se desploman a s $5.000, haciendo inviable la operación para los pescadores legales. Muchos de ellos, lamentablemente para poder sobrevivir, trasgreden las normas y terminan pescando más allá de su cuota para poder generar recursos suficientes», cerró la Asipes en el mismo comunicado.