(El Mercurio y Mostrador) En al menos tres veces más que la cuota anual de 19.000 toneladas de captura de merluza común (12.000 para el sector industrial y 7.000 para el artesanal) se calcula la pesca ilegal del recurso, cuya veda para permitir el desove, iniciada el 1 de septiembre, se levantó este miércoles 1 de octubre.
Solo restan dos toneladas por capturar este año, y el sector industrial de la Región del Biobío enviaría la madrugada de este miércoles los únicos dos barcos de arrastre que se dedican a esta actividad, cuatro naves menos que las que operaban el año pasado en esta zona, cuando la cuota anual global era de 40.000 toneladas, el doble de ahora.
La disminución del volumen autorizado para captura se ha traducido en que en el Biobío, de cinco plantas industriales que el año pasado procesaban merluza solo quede una en esas funciones. Las demás reorientaron su operación a la jibia.
El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, advirtió que poco sacan con dotar de tecnología a los buques, como sonares para monitorear cardúmenes a capturar o mallas especiales para que escapen los peces bajo la talla permitida, e incorporar observadores del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) a bordo de las naves si no se frena la pesca ilegal. Esta última se estima que genera unos US$30 millones en utilidades para quienes la practican.
“Nada sacamos con tomar medidas si al final la pesca artesanal está capturando tres, cuatro o hasta cinco veces más que la cuota anual, y no respeta la veda”, expresó por su parte Jaime Acuña, líder de la Asociación gremial de capitanes de arrastre (Agopesi).
Según los dichos de Moncada y Acuña, este tipo de actividad fuera de la ley no paga impuesto, carece de controles sanitarios, tiene un destino desconocido —se estima que el pescado se vende en terminales pesqueros y mercados entre Coquimbo (Región de Coquimbo) y Temuco (Región de La Araucanía)—, y no respeta el criterio de conservación para la recuperación y mantención de la merluza.
De acuerdo con los industriales, la captura ilegal la realizan pescadores artesanales de caletas de O’Higgins y Maule, principalmente, donde hay una escasa fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), por falta de funcionarios y donde estos son, incluso, amenazados. “Si no se le pone un alto, no habrá una recuperación de la merluza”, enfatizó Luis Felipe Moncada, añadiendo que la pesca ilegal también genera problemas sanitarios para la gente, pues estas capturas no cuentan con trazabilidad sobre su origen, calidad, transporte y conservación.
El gremio industrial criticó, además, que la legislación es débil. Por ejemplo, la ley estipula solo multas, y no considera incautar los vehículos en los cuales se realiza el contrabando, por lo que el transporte sigue a disposición de los delincuentes, dicen.
«Imposible»
En respuesta a los postulados de los industriales, el vicepresidente del Consejo de Defensa de la Pesca (Condepp), Nelson Estrada, criticó a la Asipes argumentando que no son verdaderas las cifras de pesca ilegal de merluza que el gremio industrial está dando a conocer a la opinión pública.
“Es imposible que más del 50% del pescado que consumen los chilenos sea ilegal”, puntualizó el dirigente en declaraciones que fueron recogidas por el diario electrónico El Mostrador.
Al respecto, recordó que según los datos arrojados por el estudio «Diagnóstico del consumo interno de productos pesqueros en Chile», encargado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) el año pasado a la consultora SCL Econometrics, los chilenos consumimos apenas 7 kilos de pescado al año. Por esto, considerando las afirmaciones de la Asipes, implicaría que los 17 millones de personas –según el último Censo– están consumiendo 3,5 kilos de merluza ilegal.
A estas afirmaciones, detalló El Mostrador, se sumó el dirigente de la Región del Maule y presidente del Sindicato Proa Centro de Duao, Miguel Correa, quien adujo “que ya es hora que el subsecretario (de Pesca y Acuicultura) Raúl Súnico se ponga los pantalones y confirme o desmienta la denuncia, pues la realidad es que en el Maule quienes depredan son dos barcos de arrastre que capturan el 60% de la cuota, y no los 3.000 pescadores de la región”.