(La Tercera) El lunes de esta semana (1/12) los pescadores de Constitución (Región del Maule) se tomaron las oficinas locales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), y ayer miércoles sus pares de Talcahuano, en la Región del Biobío, replicaron la acción en demanda de que se les otorguen más días de captura para la merluza, la tradicional «pescada», que según los ambientalistas podría tener sus días contados.
En medio de las protestas, el Gobierno apuró la definición de la cuota de extracción de este recurso pesquero y ayer lo fijó en 23.000 toneladas para 2015. Optó por el rango máximo entregado a la autoridad por el Comité Científico respectivo, que partió en un piso de 19.000 toneladas anuales.
De esta forma, el Gobierno aumentó en 4.000 toneladas la cuota, en comparación con la establecida para este año.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, aseguró que la cuota de 2015 está en línea con el objetivo de alcanzar «el proceso de recuperación de la merluza. No vemos ningún riesgo en optar por los rangos más altos», agregó.
Sin embargo, no todos comparten su opinión. Para Alex Muñoz, director ejecutivo de la ONG Oceana, el Gobierno cometió un error al aumentar las cuotas. «Es extremadamente grave que se opte por la banda más alta, ya que esto conlleva un riesgo mucho mayor de agotamiento de la pesquería», enfatizó. El titular de la ONG fue enfático en sostener que si se continúa con una extracción indiscriminada del recurso «a la merluza no le quedan más de diez años».
La importancia de las cuotas de captura está relacionada con la disminución de ejemplares. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), se estableció que la biomasa correspondiente a la merluza descendió en un 72% en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2013. De igual manera, el último estudio hidroacústico del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) detalló que la merluza común disminuyó un 6,6% durante el presente año.
Ya en 2005 este recurso fue declarado en estado de sobrexplotación, sin embargo las cuotas de pesca seguían siendo altas. En 2012, la cuota definida por el entonces Consejo Nacional de Pesca alcanzó las 40.000 toneladas. En 2013, tras las modificaciones introducidas en la nueva Ley de Pesca, se estableció en 19.000 toneladas la cuota de la merluza (60% para industriales y 40% para artesanales), lo que significó una reducción del 52,5% en la cantidad disponible de peces a extraer.
Eduardo Quiroz, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales de Valparaíso, uno de los principales puntos de descarga de merluza a nivel nacional, manifestó su rechazo al aumento en la cuota de captura, mientras no se establezca, a su juicio, una repartición «justa» del aumento de esta.
«En nada nos satisface a los artesanales que se suba un poco la cuota, porque se mira más a los industriales que a los artesanales», afirmó Quiroz. El dirigente sindical dijo que considera que el aumento de la cuota se debió «a una presión de la industria».
Por otro lado, estimaciones de un informe elaborado por el investigador Francisco Pinto y la ONG Oceana sostienen que entre los años 2000 y 2010 los empleos relacionados con la pesca de la merluza en el sector industrial cayeron en un 80%, pasando desde 12.000 a 2.400, impactados por la escasez del recurso.
Pesca ilegal
En lo que sí están de acuerdo los actores de este sector es en identificar el que, a su juicio, es el principal problema relacionado con la extracción de merluza.
«El problema central en el caso de la merluza es la pesca ilegal», aseguró Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). El representante de los industriales comentó que su sector es partidario de establecer un sistema de fiscalización «efectivo y completo sobre este tema. Sin eso, no vamos a poder recuperar la pesquería adecuadamente», y sostuvo que los principales focos de extracción fuera de ley se producen en las regiones de O’Higgins y del Maule.
El dirigente sindical porteño Eduardo Quiroz explicó que la baja en la cuota de captura entre 2012 y 2013 llevó a que en algunas regiones «comenzara una piratería tremenda”. De acuerdo con los datos que manejan los artesanales, el dirigente sindical estimó que es posible que la cifra real de captura de merluza sea «incluso cuatro veces mayor que la establecida en la cuota, llegando a cerca de 80.000 toneladas».
El dirigente de los artesanales dijo que las debilidades en las sanciones a los pescadores ilegales aportan al aumento de embarcaciones fuera de ley. «Necesitamos herramientas más potentes. Por ejemplo, no se puede incautar el recurso ilegal. Es un círculo vicioso», comentó.
Desde la autoridad manifestaron que son conscientes de los problemas que ha ocasionado la pesca ilegal a la recuperación de la biomasa de la merluza.
El subsecretario Súnico explicó que su repartición se encuentra trabajando en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en desarrollar un programa que combata la extracción ilegal, y «que contiene una serie de medidas, muchas de ellas de orden legal, que nos permitan combatir decididamente la pesca ilegal en nuestro país».
Sin embargo, en Oceana creen que en el combate a la pesca ilegal se deben tomar soluciones concretas. Muñoz propone que exista la obligatoriedad «de tener un certificado de origen de la merluza, de tal forma que los pescados que se comercien dentro del país sean obtenidos legalmente».