La semana pasada el diario estadounidense The New York Times publicó un extenso reportaje sobre el naufragio del «Thunder», el barco de pesca ilegal más buscado del mundo y cuyo capitán era un chileno. El hundimiento, que también fue citado por AQUA, se produjo luego que la organización no gubernamental (ONG) Sea Shepherd persiguiera a la embarcación «pirata» por 110 días, desde la Antártica hasta cerca de las costas de Nueva Guinea, en África.
Tal fue la repercusión de la noticia que la Organización Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en inglés) emitió un comunicado donde detalló que la pesca ilegal y sin reglamentación tiene en la actualidad un costo aproximado de entre US$10.000 millones y US$23.000 millones para la economía mundial, «e impacta de forma negativa en la gestión de las poblaciones de peces, creando una doble preocupación en todo el mundo», subrayó el organismo de las Naciones Unidas.
Para ayudar a abordar el problema, la FAO recordó que en 2009 sus países miembros acordaron una serie de medidas destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR, por sus siglas en inglés). No obstante, el acuerdo entrará en vigor cuando 25 países hayan depositado su instrumento de ratificación, con la aprobación de la adhesión. Hasta el momento, lo han realizado trece países -Chile incluido-, los dos últimos fueron Islandia en junio y St. Kitts y Nevis en julio.
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El «oro blanco del mar»
Con ganancias estimadas en US$76 millones, el «Thunder» era famoso en el mundo de la pesca ilegal por ser el barco que más ganancias ha recaudado en la historia -principalmente gracias a la pesca de la merluza negra (Dissostichus eleginoides), también conocida como bacalao austral, bacalao de profundidad, Chilean seabass o toothfish en los mercados anglosajones-, un pez que puede vivir hasta 50 años, llegar a pesar 100 kilos y medir casi dos metros.
El bacalao de profundidad es denominado por algunos como el «oro blanco del mar». La razón: un plato en un restaurant de Nueva York (Estados Unidos) o Tokyo (Japón) promedia los US$60.
Eduardo Infante de Tezanos Pinto es gerente general de Globalpesca SpA y presidente de la Asociación Gremial de Bacaladeros de Magallanes (AOBAC), entidad que reúne a las principales empresas que capturan el recurso en Chile.
En conversación con AQUA, Infante enfatiza que la pesca ilegal tiene un impacto directo sobre la especie. No solo porque se lleva a cabo sin regulación alguna, sino que porque en los últimos años los barcos piratas han usado redes de enmalle que están prohibidas en todo el mundo y que se caracterizan por no ser un arte de pesca selectivo (capturan diferentes especies y de todos los tamaños).
Lo anterior, según el representante de los bacaladeros que operan en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, también tiene un efecto sobre el mercado, «ya que las capturas llegan a los países vía contrabando y a un precio muy inferior a la pesca legal». Afortunadamente, dice, estas pescas se realizan en aguas antárticas muy distantes a Chile las cuales son reguladas por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, por sus siglas en inglés).
«Por suerte estas capturas ilegales (llamadas IUU en inglés por Ilegales, No declaradas y No reguladas) han disminuido drásticamente a través de los años, hasta casos como el hundimiento del Thunder y el arresto de los últimos barcos piratas que iban quedando», ahonda Infante, precisando que los adscritos a la asociación que encabeza operan en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile «donde no hay embarcaciones ilegales, y nunca las ha habido hasta donde sabemos. Mientras que en el Atlántico Sur, a pesar de ser aguas internacionales, todos los barcos que operamos declaran sus capturas a la CCAMLR».
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Acuerdo de Nueva York
En Chile, la Cámara de Diputados y el sector pesquero se sumaron al análisis de esta situación y durante la última sesión de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca), Francisco Orrego, expuso sobre la importancia del Acuerdo de Nueva York como una herramienta para frenar la pesca pirata.
Orrego habló en representación de la federación que representa el 90% de la flota industrial chilena y que está 
integrada por ocho gremios que agrupan a cincuenta empresas pesqueras, las que exportan el 85% de la producción nacional.
Sobre el Acuerdo de Nueva York, que fue en sus inicios -hace 20 años- impulsado por Chile y que finalmente nunca fue ratificado por nuestro país, Orrego sostuvo que, al no existir una organización regional pesquera, este pacto «solo imponía deberes y obligaciones pero no le otorgaba derechos que permitieran proteger de manera efectiva las poblaciones de peces en el alta mar adyacente». No obstante, afirmó el ejecutivo, con la incorporación de Chile a la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS), en agosto de 2012, «se cumplen las condiciones demandadas por el país por lo que, junto con la comunidad internacional, surgirán herramientas para combatir el flagelo que impide la sustentabilidad de los recursos».
Según lo detallado por el timonel de la Sonapesca F.G., en Chile se ha incrementado la pesca ilegal, que no respeta períodos de veda ni tamaño mínimos, lo que ha redundado en el deterioro de pesquerías como la merluza común, la merluza del sur, el congrio dorado y el bacalao de profundidad. Por esta causa, «no será posible ni la conservación ni la recuperación de las pesquerías», enfatizó Orrego.
Junto con apoyar la ratificación del Acuerdo de Nueva York, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca argumentó que la tarea es «trabajar por un país libre de pesca ilegal, para contribuir a que este flagelo mundial se acabe». En ese sentido, destacó el esfuerzo de fiscalización de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), de Carabineros y de la Armada de Chile.
Compromiso de Estado
A la misma sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados concurrió el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, quien también explicó ante los legisladores la importancia de ratificar este tratado que busca asegurar, a largo plazo, la conservación y uso sostenible de las poblaciones de peces transzonales, como es el caso del jurel, y las poblaciones de peces altamente migratorias, como los atunes, tiburones y el pez espada.
Súnico sostuvo que con este paso Chile confirmará su decisión de reconocer principios que han fundamentado el nuevo derecho internacional del mar y que han sido recogidos en la normativa nacional, como son los principios ecosistémicos y de enfoque precautorio.
Fue así que por siete votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, dicha instancia de la Cámara Baja aprobó la suscripción de Chile al Acuerdo sobre Poblaciones de Pesca de las Naciones Unidas, también conocido como Acuerdo de Nueva York de 1995. De esta forma, la iniciativa queda en condiciones de ser vista en la sala.
Súnico destacó que con esta medida se fortalece la imagen de Chile en el concierto internacional como país pesquero responsable, lo que le permitiría influir con mayor fuerza en la política pesquera internacional y regional.
Por otro lado, sostuvo, «nuestro país fortalecería el control de las medidas de manejo pesquero respecto de las naves de pabellón extranjero que operan fuera de nuestra Zona Exclusiva Económica, aportando así un nuevo elemento para el combate de la pesca ilegal».
Al término de la sesión, Súnico comentó que «Chile cumple con prácticamente todas las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Nueva York: como Estado del pabellón controla sus naves, como Estado del puerto somete a las naves nacionales y extranjeras a inspecciones, como Estado ribereño aplica medidas de conservación que promueven la sustentabilidad de las pesquería, la aplicación del principio precautorio y el enfoque ecosistémico. El paso natural, por tanto, es suscribir formalmente este tratado internacional», argumentó la autoridad sectorial, añadiendo que este acuerdo «viene a entregar nuevas herramientas para combatir la pesca ilegal, ya que otorga facultades para inspeccionar y abordar a naves de otros pabellones que sean partes del acuerdo».
El Acuerdo de Nueva York es el único tratado internacional en materia de pesca que Chile aún no adhiere: ya es parte de la Convención del Mar (Convemar), del Acuerdo FAO de Cumplimiento de 1993 y del Acuerdo FAO de Medidas del Puerto de 2009. Actualmente 82 Estados han suscrito el Acuerdo de Nueva York.