(Diario Financiero) A fines de mayo del año pasado, el Gobierno y los pescadores de la región de Los Lagos llegaron a un acuerdo para poner término a las movilizaciones en medio del daño causado por la marea roja en la zona. El Ejecutivo se comprometió a entregar ayuda a los damnificados, a través de, entre otras medidas, el traspaso de recursos vía bonificaciones por $150.000 por un período de cinco meses.
A más de un año de aquello, la Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la entrega de ayuda a los afectados. En un informe de más de 100 páginas, firmado el 12 de mayo por el contralor general de Los Lagos, Víctor Fritis, la entidad constató anomalías en la entrega de beneficios, por ejemplo, a funcionarios públicos, quienes estaban imposibilitados de recibir las bonificaciones.
En concreto, la entidad detectó pagos por $4,8 millones a nueve empleados que a febrero de 2016 eran funcionarios a contrata o prestaban servicios en calidad de honorarios a distintas entidades públicas, lo que vulnera el artículo 8° de la Constitución sobre el cumplimiento del principio de probidad administrativa. Del total, solo un caso fue subsanado por la autoridad regional, cursando las respectivas solicitudes de restitución de los fondos. Los funcionarios se desempeñaban en las municipalidades de Puerto Montt, Ancud, Fresia, San José de la Mariquina, Valdivia y Maullín, además de en la Armada y la Subsecretaría de Salud.
Contraloría solicitó a la Intendencia los documentos que confirmen la devolución de los beneficios pagados «indebidamente», así como el detalle de las acciones judiciales «emprendidas» en contra de los servidores públicos aludidos. Todo, a más tardar en 30 días hábiles desde la recepción del informe.
De igual manera, detectó once beneficiarios fallecidos que recibieron en total recursos por $1,8 millones. De estos casos, cinco fueron subsanados por parte de la autoridad regional, mientras que en los casos restantes se instruyó iniciar el proceso de cobro para restituir los dineros traspasados.
Como resultado de la investigación y de los hechos descubiertos, Contraloría demandó la realización de un sumario administrativo en la Intendencia de Los Lagos. El órgano de control fiscalizó egresos asociados a pagos de ayuda estatal por $3.764 millones entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2016, correspondiente a 6.583 beneficiarios. La muestra ascendió a 121 personas que percibieron ayuda por $70,5 millones. El total examinado, considerando la muestra estadística y partidas claves de gasto, alcanzó a 340 beneficiarios, por un gasto de $140,7 millones, un 3,74% del universo.
Larvas en las canastas
La Contraloría también reveló entrega de ayuda «en mal estado» de parte de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) en Los Lagos tras fiscalizar la compra de 950 cajas de alimentos por $15,6 millones a la Distribuidora y Comercial Dimak Ltda., de las cuales 550 fueron a damnificados en la comuna de Maullín. El problema fue la presencia de larvas y gorgojos en parte de 4.983 kilos de porotos y que los productos se encontraban en un estado de «descomposición». La mercadería fue cambiada «sin costo» para la Onemi por lentejas.
El hecho tuvo consecuencias, ya que ChileCompra terminó el contrato con el proveedor, mientras que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Los Lagos instruyó un sumario sanitario contra la empresa que envasó los productos en San Fernando: Agroindustrial y Comercial San Basilio.
Contraloría, en tanto, instruyó al director regional de la Onemi a «adoptar las medidas administrativas» para «evitar» que las situaciones detectadas «se repitan a futuro», estableciendo estándares «mínimos de revisión» de calidad de los bienes adquiridos.
Mientras que la Fiscalía inició una investigación de oficio por eventuales delitos contra la salud pública, «la cual se encuentra en una etapa preliminar y con diligencias pendientes», dice el informe.
Contraloría atestiguó que de un total de 550 beneficiarios a quienes se les entregó una canasta familiar de ayuda por la emergencia, 322 no correspondían a personas afectadas por la marea roja. En 13 casos se dio el aporte «de manera duplicada».
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