Presentan proyecto de ley para prescindir de auditoras externas en desembarques de pesca

Oct 27, 2015

Moción de los diputados Juan Enrique Morano, Iván Flores e Iván Fuentes busca que la certificación en la pesca artesanal sea efectuada por funcionarios del Sernapesca en cumplimiento de su rol fiscalizador.

Un proyecto para prescindir de la participación de entidades auditoras externas en el proceso de entrega de información de desembarque por viaje de pesca, presentaron a trámite legislativo los diputados de la Democracia Cristiana (DC) Juan Enrique Morano, Iván Flores y el independiente Iván Fuentes.

De acuerdo con lo informado en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados, la iniciativa (Boletín 10322), remitida a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, establece que la certificación de los desembarques artesanales se efectúen directamente por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en cumplimiento de su rol fiscalizador, promoviendo así el comercio lícito y sustentable de las especies marinas conforme con lo establecido en la ley.

De igual manera, sostiene que el procedimiento de certificación que el Servicio debe entregar a los usuarios puede basarse en el modelo de inspección diseñado por el Servicio Nacional de Aduanas y el control sanitario que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a fin de conjugar en dicho procedimiento la fiscalización, seguridad y facilitación del comercio y, al mismo tiempo, fomentar la sustentabilidad de las pesquerías en las costas chilenas.

Los legisladores recuerdan que hasta el año 2013, la totalidad de los desembarques industriales eran declarados por cada armador al momento de la recalada de cada viaje de pesca y debían ser certificados por entidades colaboradoras del Sernapesca.

El programa de Certificación de Desembarque Industrial comprendía tres macrozonas y en cada una de ellas una empresa auditora externa previamente autorizada se encargaba de la certificación, bajo la supervisión del Servicio.

Esa certificación estaba solo referida para la pesca industrial, ya que para los artesanales el procedimiento era diferente. Para estos las inspecciones consistían en la verificación documental, y solo en el año 2013 excepcionalmente se realizaron algunas inspecciones físicas dirigidas a controlar estos desembarques.

Sin embargo, las últimas modificaciones introducidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) cambiaron sustancialmente la forma de realizar la certificación de los desembarques artesanales, incorporando el nuevo modelo de auditores externos.

Los diputados ahondaron que este cambio no fue respaldado por muchos legisladores que se mostraron renuentes a la idea de que la certificación de los desembarques artesanales quedaran en manos de privados, y añadieron que con la externalización de parte de sus facultades fiscalizadoras se estaría desnaturalizando la razón de ser del Sernapesca y su funcionamiento se reduciría únicamente a funciones administrativas.

De igual manera, argumentan que la certificación de desembarques constituye la piedra angular de toda la actividad pesquera artesanal, ya que es en ese momento en el cual se determina de dónde viene el pescado (procedencia legal o ilegal), si se están respetando las cuotas, si las especies son las permitidas, si estas cumplen con las tallas debidas, cuánto es efectivamente el peso de lo que se saca, entre otros muchos aspectos de toda relevancia para esta actividad a nivel nacional.

A juicio de Morano, Flores y Fuentes, el sistema actual no garantiza el cumplimiento de la norma. «El Estado deja de percibir ingresos por el pescado que luego se transa en el mercado informal o ilegal por pesca no declarada (fortaleciéndose el mercado negro), no cumple con el objetivo de recuperar las pesquerías y lograr la sustentabilidad de los recursos, realizando un esfuerzo administrativo y legislativo inútil al no existir funcionarios fiscalizadores estatales, pertenecientes al organismo que tiene como misión institucional la fiscalización en este ámbito (Sernapesca)», puntualizan en el proyecto de ley.

Por ello, plantean que es necesaria una fiscalización y certificación permanente en los puntos de desembarque y que se realice por los funcionarios del órgano que tiene como misión y objetivo estratégico institucional efectuarlo, es decir, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

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