La Comisión de Economía del Senado aprobó en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula los pagos correspondientes del sector privado y público a las micro y pequeñas empresas, y deberá ser revisado ahora por la Comisión de Hacienda, antes de llegar al hemiciclo (Boletín 10.785-03).
La iniciativa legal, iniciada en una moción de los senadores Eugenio Tuma, Andrés Allamand, Alfonso De Urresti, Iván Moreira y Andrés Zaldívar, propone modificar la Ley N°20.241, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.
De esta forma, se propone en el proyecto de ley sanciones en caso de que las deudas no sean condonadas oportunamente con las pequeñas y micro empresas en los plazos que se establecen de 30 y 60 días, y se «regula el cumplimiento de los mismos, se garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, se definen como cláusulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley y se incorpora el derecho a indemnización».
El senador Eugenio Tuma, presidente de la Comisión de Economía, explicó que este proyecto «va a obligar a quien cae en morosidad a tener que pagar una tasa de interés que está establecida en la tasa máxima convencional, entre la escala de 200 a 5.000 UF».
Con esto se establecen criterios de igualdad para las empresas que tienen una baja participación en las ventas y exportaciones y se limitan dificultades para poder acceder a «fuentes de financiamiento formales».
El senador Iván Moreira, miembro también de la Comisión de Economía, afirmó que esto es «un proyecto ciudadano, especialmente dirigido a las pymes que son las que generan el 90% del trabajo en Chile. Esperamos que esta tramitación se dé en los términos más rápidos posibles».
El proyecto de ley, que busca regularizar el pago tanto de las empresas privadas como de los servicios públicos, propone que, en caso de aprobarse tal como está actualmente, se ponga en vigencia 90 días tras haber sido promulgada para los privados, mientras que para los servicios públicos propone un plazo de tres años para su entrada en vigencia de forma de que estos puedan adaptarse al sistema.