(El Mercurio) La semana pasada terminó el período de consultas que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) abrió en Chile en el marco del trabajo que el organismo internacional está realizando de asistencia técnica, con el fin de perfeccionar la Ley de Pesca. Entre todos los grupos de interés -«grupos focales», como se les llamó formalmente en esta consulta-, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) también remitió sus propios comentarios e inquietudes.
En lo sustantivo, el gremio de los industriales planteó cuatro cambios.
El primero, y por el cual además recurrieron a la Contraloría General de la República, fue su disconformidad con un criterio que de manera errónea, a ojos de los industriales, comenzó a aplicar la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) en cuanto al pago de patentes por las licencias transables de pesca (LTP).
De acuerdo con la nueva ley vigente, las licencias de pesca son transables, es decir, un titular que las posee puede transferir (arrendar, vender, entregar en comodato) toda su cuota de pesca o una fracción de ella. Esta medida se incluyó como una forma de generar un mercado en esta industria y dar cabida a más actores. Incluso, para facilitarlo, se independizó esta transferencia de las embarcaciones, lo que antes no era posible (había que vender el barco que gozaba del permiso para poder transferir esa cuota de pesca).
El problema, explica el presidente de la Sonapesca, Francisco Orrego, quien recientemente fue reelecto en su cargo, se comenzó a presentar el año pasado y hoy tiene virtualmente paralizadas estas transacciones, debido a que la autoridad -con un criterio que los industriales no comparten que sea la lectura correcta de la ley- decidió cobrar al titular este pago de la patente no ya solo por su cuota, sino que cada vez que hacía una transacción para entregarle una parte a otro actor. El problema en específico se presenta para los casos de aquellas transacciones en que la cesión se hace vía arriendo o comodato u otro instrumento en que no se traslada el dominio (en que no hay compraventa). Por ejemplo, un arriendo. En estos casos, si un titular transa parte o toda su cuota, termina pagando el doble o el triple de la patente -según la cantidad de transacciones que efectúe-, pues debe pagar además por cada nave que el arrendatario usará para pescar esa cuota, dicen en el gremio.
Con documentos en mano, Orrego plantea que esta situación incluso la hicieron ver ante Contraloría, pero en un dictamen que emitió el 17 de marzo, la entidad le dio a la razón a la Subpesca. En dicho dictamen se estipula que es el titular de la licencia transable de pesca a quien corresponde «definir las condiciones contractuales bajo las cuales cede el uso de los derechos». O sea, interpretan los industriales, estipular en el contrato de arriendo que el titular le cobrará el pago del impuesto al arrendatario o lo hará responsable del pago de alguna forma.
«Pero se hace impracticable, por los costos asociados. Es inviable arrendar si le tengo que agregar que me paguen el monto de la patente», dice Orrego, considerando además que las transferencias pueden ir de un industrial a un artesanal.
Para Orrego, esta situación va en contra del espíritu que hubo en la ley, pues no contribuye a dinamizar las transferencias de cuotas, y lejos de estimularlas, las complejiza. Y un dato que Orrego pone sobre la mesa es que el mismo informe financiero de la Ley de Pesca no tiene contemplado este efecto «multiplicador» por las transferencias. Pero dado el dictamen de la Contraloría, reconoce que la única forma de solucionarlo es a través de un cambio legal.
Plazos, calendario y registros
Una segunda dificultad que hicieron ver es el funcionamiento que están teniendo los Comités Científicos (expertos que definen las cuotas) y los Comités de Manejo (donde están los actores de la actividad pesquera), de modo que haya mayor comunicación y coordinación entre ellos. Algo que los industriales relacionan con una modificación que ven necesaria: establecer plazos -por ejemplo diez años, como en la ley americana- en la recuperación de una pesquería. Hoy el texto no establece plazos, por lo que a ojos de la Sonapesca se presta para que haya un «exceso de celo» al estimar las cuotas de captura, en función de la recuperación de las especies a corto plazo.
Como tercer aspecto, la Sonapesca planteó al organismo que para algunas pesquerías las cuotas anuales pudieran abarcar un período distinto al año calendario. Esto porque en el caso del jurel, Chile también se rige por los acuerdos de la Organización Regional de Pesca (ORP), que involucra a otras naciones, y esta definición ocurre a fines de enero, por lo que si la cuota en Chile se define en diciembre, en el fondo se anticipa una definición sin contar con un dato básico, que es la cuota que le corresponde a Chile como un todo.
«Hoy a fines de enero, cuando la ORP pone la cuota, Chile tiene que sacar otro decreto rectificando», dice el gerente general de la Sonapesca, Héctor Bacigalupo. Una situación análoga ocurre con la sardina en la Región del Biobío, dicen los industriales, aunque en este caso es por el período de crecimiento de la especie hasta llegar a su talla adulta, lo que ocurre entre octubre y marzo, por lo que -explica- los estudios no están hoy recogiendo la biomasa real en diciembre, cuando se calcula la cuota. Recién en febrero está el stock crecido y nuevamente hay que corregir, agrega Bacigalupo.
Otro aspecto que plantearon es evitar las inscripciones y registros que lleva la Dirección General de Territorio Marítimo y Mercante (Directemar) sin la autorización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), de modo de evitar la pesca ilegal. El problema, detallan Bacigalupo y Orrego, es que si alguien pide ante la Directemar registrar una nave para «navegar», el registro se concede y luego ese titular busca un permiso para pescar especies que están abiertas, sin cuota, como el pejerrey.
De esa forma, dicen, se facilita que ejerzan ilegalmente la pesca de otras pesquerías y luego, con el tiempo, esos titulares piden «regularizar» su situación con los hechos consumados y se termina por abrir un registro a otras pesquerías que estaban cerradas.
Presione aquí para ver la nota desde su fuente original en El Mercurio.