«Contra todo sentido común, parlamentarios del Congreso de Chile insisten en un proyecto para eliminar el arrastre en la merluza (Merluccius gayi gayi). Ya erraron en 2019 al obligar a capturar jibia solo con herramientas artesanales obligando a sacar barcos de operación, cerrar líneas de proceso y, obviamente, despedir personal. El descalabro en cesantía todavía no es reparado, en lo que corresponde al Estado, y ahora quieren aumentar el desempleo cuando en Chile ya afecta aproximadamente un millón de personas y, en cifras, escala a una no vista en los últimos 20 años, de 15,6% en el Gran Santiago».
Así lo manifestó desde Talcahuano, región del Biobío, la directiva del Sindicato Interempresas de Oficiales de Naves Especiales y Nacionales MMN, cuyo presidente, Juan Carlos González Vergara, adujo que el citado proyecto de ley está en trámite en el Senado y los trabajadores pesqueros embarcados de la flota que opera para la industria reclamaron «para que haya una alerta sobre esta nueva amenaza que desde el Congreso se apunta al empleo, la gran y microeconomía de la región del Biobío y el país», enfatizó González. Y luego dijo: «El sindicato está afiliado a la Central de Trabajadores de Chile (CTCh), la que representa a sobre 82 mil trabajadores formales de la empresa e industria privada del país».
A su turno, Óscar Alvear, secretario de la misma organización, llamó a los legisladores «a entender que deben 
analizar las cosas desde una perspectiva técnica, científica, social y laboral. Tomen conciencia que les estamos hablando en representación de miles de trabajadores dependientes de la industria pesquera que, en las crisis de los últimos 20 años no hemos parado, nos reducen e impactan, pero no dejamos de aportar a la alimentación y a la economía regional y nacional. Hoy en día estamos trabajando con protocolos ajustados a la exigencia sanitaria y aportando inclusive pescado gratuito a adultos mayores de hogares estatales».
Contratos vigentes
González y Alvear aseguraron que en el marco de la pandemia por el Covid-19 (coronavirus), la industria pesquera no ha paralizado ni se ha acogido a la Ley de Protección del Empleo u otras medidas gubernamentales, «sino que adoptó precauciones sanitarias extremadamente rigurosas, y mantuvo prácticamente a todos sus trabajadores con sus contratos vigentes, lo que es un aporte a la economía regional, nacional y muy importante para la estabilidad emocional de muchas familias», subrayaron ambos dirigentes en el comunicado de prensa emitido por el sindicato que representan.
Hay que destacar -añadieron-, que la industria pesquera «lleva a la práctica su compromiso con la comunidad con el Banco de Alimentos de los Pescadores Industriales, una iniciativa de las empresas Landes, Blumar, Camanchaca, FoodCorp, PacificBlu, Orizon, que satisfará todas las necesidades de pescado de, en principio, 1.102 personas residentes en hogares de ancianos dependientes del Estado en las regiones del Biobío y Ñuble. La idea es extender el aporte de jurel en conserva y filetes de merluza congelada a las regiones del Maule y La Araucanía. Toda la logística y coordinación también está asumida y las tripulaciones que capturan para los abuelos y abuelas de los centros han grabado saludos para ellos desde alta mar».
Para cerrar, González y Alvear argumentaron que «a ese sector, y esos trabajadores, que mantienen una actividad económica a pesar de todos los problemas comprometidos con un quehacer que aporta comida a la comunidad y trabajo a sus familias y muchas otras, es que se está amenazando con cesantía».
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