A 7.588 toneladas subió el decomiso de harina de pescado que encabeza el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Lo anterior, en el marco de la investigación que desarrolla la entidad fiscalizadora por comercialización de productos pesqueros sin acreditación de origen legal.
La directora regional del Sernapesca Biobío, Marta Araneda, detalló que en nuevos procedimientos se logró incautar otras 918 toneladas de harina de pescado que estaban acopiadas en una bodega del sector 2 de Escuadrón en Coronel. «De forma paralela, en un operativo conjunto de los equipos de fiscalización del Sernapesca Biobío, Los Ríos y Los Lagos, se logró detectar otra bodega en la comuna de La Unión (Región de Los Ríos), con 1.068 toneladas del mismo producto», puntualizó la representante de la entidad pública.
Marta Araneda precisó que se trata del mismo accionar que los procedimientos anteriores y que nuevamente las etiquetas corresponden a materia prima de sardina y anchoveta que había sido procesada por la Pesquera Bahía Coronel, y comercializada por Salmones de Chile Alimentos S.A., ambas empresas ligadas a Francisco Javier Errázuriz.
«Esto se da en el marco de la misma investigación que ya veníamos haciendo por comercializar sin acreditación de origen y por entrega no fidedigna de estadística. El Sernapesca ya cursó los partes pertinentes y ahora quedamos a la espera de las acciones del tribunal», complementó la directora del Servicio en la Región del Biobío.
Al sumar las 1.986 toneladas incautadas, con las 5.602 del operativo de la semana pasada (avaluadas en US$11 millones), se alcanza un total de 7.588 toneladas, aumentando así a cerca de 40.000 toneladas de pesca de sardina y anchoveta que se utilizaron para fabricar harina de pescado ilegal.
Marta Araneda insistió en que esto debe encender las alarmas de toda la ciudadanía «porque lo que está en juego aquí es la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y, por ende, el futuro de la actividad pesquera del país».
Investigar a los proveedores
La Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Plantas de Consumo Humano del Sector Pesquero de la Región del Biobío, con sedes en Talcahuano y Coronel (Festrach), se sumó a los enjuiciamientos contra las empresas que a partir de pesca ilegal, fundamentalmente de sardina y anchoveta, fabrican y comercializan harina de pescado sin acreditación de origen.
En declaraciones a AQUA, el presidente de la Festrach, Raúl Morales Lártiga, enfatizó que rechazan «enérgicamente» las prácticas pesqueras ilegales que por estos días han salido a la luz pública tras la gran cantidad de harina de pescado decomisada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y que no tiene justificación lógica desde el punto de vista de los desembarques que le corresponden a la empresa allanada.
«También queremos que se lleve a cabo la investigación pertinente y que se llegue al fondo con esta. Cabe recordar que esta compañía que está siendo cuestionada (Pesquera Bahía Coronel, ligada a Francisco Javier Errázuriz) en años anteriores también fue puesta en fiscalización. En este sentido, como federación consideramos que este tipo de práctica hay que erradicarlas de las plantas para que podamos algún día llegar a la recuperación real de la biomasa de las pesquerías que están colapsadas y que se destinan a la elaboración de harina de pescado, como son la sardina y anchoveta», enfatizó Raúl Morales.
El secretario general de la Festrach, Pedro Rodríguez Contreras, se sumó a los dichos del presidente de la entidad y comentó que «todos quienes dependemos de este recurso pesquero debemos cuidarlo para mantener nuestra fuente laboral, y con estas malas prácticas lo único que se logra es dañar su recuperación».
Para cerrar, Raúl Morales pidió a la autoridad que «se llegue hasta el final con la investigación, porque aquí no solo está cometiendo el delito la empresa cuestionada sino que también quienes desembarcan los productos en esta planta sabiendo que podían generar más cuota para sus embarcaciones; o sea, perfectamente hay colusión en este tipo de malas prácticas que nos parecen que deben sancionarse de manera ejemplar y seguir con la fiscalización en todas las plantas de la Región del Biobío para formalizar a quienes incurran en actos ilegales».