La salmonicultura chilena enfrenta un escenario de importantes transformaciones regulatorias que podrían redefinir el desarrollo de proyectos, la gestión ambiental y la operación de los centros de cultivo en los próximos años. Las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el fortalecimiento de las herramientas de fiscalización, la incorporación de microrelocalizaciones y diversos ajustes normativos forman parte de una agenda que busca compatibilizar la protección ambiental con una mayor certeza para la inversión.
En paralelo, la institucionalidad acuícola ha profundizado la aplicación de instrumentos de gestión ambiental contemplados en la normativa vigente, fortaleciendo los mecanismos de prevención y respuesta frente a riesgos ambientales.
Entre las medidas más recientes destacan las actualizaciones de las resoluciones de prealerta acuícola emitidas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), orientadas a reforzar el monitoreo de condiciones ambientales adversas, mejorar la capacidad de respuesta temprana y resguardar los ecosistemas marinos y la continuidad operacional de los centros de cultivo.
Estas acciones forman parte de un proceso de modernización regulatoria que busca fortalecer la vigilancia ambiental, reducir riesgos y proteger los recursos hidrobiológicos.
Reforma al SEIA busca reducir incertidumbre para nuevas inversiones
Durante el SalmonChile Summit 2026, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que las modificaciones en discusión buscan mejorar la eficiencia regulatoria sin disminuir los estándares ambientales. “A través del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y de las regulaciones que nos corresponde dictar, y en el futuro también mediante los planes de manejo que serán gestionados por el SBAP, buscamos resolver aquellas trabas que pueden inhibir el ingreso de nuevos proyectos. Lo que queremos es que los tiempos de tramitación, las incertidumbres y las distintas interpretaciones de la ley no frenen el interés por desarrollar nuevas inversiones en el país”.
“A nosotros nos interesa que el proceso funcione adecuadamente; que entregue garantías, certezas y resultados previsibles para todos los actores. Esperamos que esa señal contribuya a atraer nuevas inversiones para Chile”, agregó la ministra.
Respecto de las dificultades que enfrentan algunos proyectos debido a diferencias de interpretación entre organismos públicos, la secretaria de Estado señaló que: “Estamos revisando procesos reiterativos y acciones que no son necesarias para identificar oportunidades de optimización que permitan perfeccionar los procedimientos. Asimismo, buscamos generar espacios de coordinación entre distintas instituciones para resolver dificultades que, en ocasiones, se originan por diferencias de interpretación”.
“Actualmente estamos trabajando con la Subpesca para resolver ciertos nudos que se han arrastrado por bastante tiempo. El Gobierno ha sido claro en su intención de destrabar materias que, en algunos casos, permanecen estancadas por años. Muchas veces no se trata de procesos, sino de decisiones que deben adoptarse. Postergar estas conversaciones puede generar mayores complejidades y perjuicios”, añadió la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.
Microrelocalizaciones
Uno de los temas que genera mayor interés en la industria corresponde a las modificaciones relacionadas con las relocalizaciones de concesiones acuícolas.
Sobre esta materia, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, recordó que el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional incorpora dos cambios relevantes para el sector.
“La primera establece que actualmente la Ley General de Pesca y Acuicultura exige el ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier relocalización. La propuesta elimina esa obligatoriedad y deja estas iniciativas sujetas al régimen general de la Ley N.º 19.300, aplicando el mismo estándar exigido a cualquier proyecto de inversión en el país”.
“La segunda modificación incorpora el concepto de microrelocalizaciones, referido a cambios menores de posicionamiento que quedarían sujetos a un Informe Técnico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, sin necesidad de ingresar al proceso de evaluación ambiental”, explicó.
“Con ello se busca homologar esta herramienta para la industria y facilitar ajustes menores que no requieran someterse a evaluación ambiental, evitando generar efectos regulatorios desproporcionados”, comentó.
La autoridad también reconoció que existen desafíos pendientes en esta materia.
“Este proyecto representa una señal concreta para avanzar en esa dirección. Existe además un acuerdo heredado de la administración anterior para trasladar concesiones ubicadas en parques nacionales, cuyos trámites se remontan a 2013”.
“Sin embargo, una vez que se concreta una relocalización surge una nueva interrogante: ¿hacia dónde se trasladan las concesiones? Para ello se requieren planes de manejo previos, los que no existen en todos los casos”.
“En ese sentido, el Estado está al debe, porque por una parte promueve incentivos para relocalizar y, por otra, no siempre resuelve las restricciones de fondo que dificultan concretar esos procesos”, puntualizó la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.
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Fotografía: SalmonChile.