La Corte de Apelaciones de Concepción (Región del Biobío) rechazó el recurso de nulidad presentado por las empresas contratistas Alimentos Marinos S.A. (Alimar), Inversiones Lomar Limitada, Sociedad Pesquera Fabila y Compañía Limitada, Sociedad Pesquera Comercializadora LOAR Limitada e Industrias Isla Quihua S.A, ratificando así el fallo del Tribunal Oral del Trabajo de la comuna (RIT Nº0-954-2015) que determinó que los trabajadores del Sindicato Interempresas Tripulantes Pesqueros y Otros Afines (Sinintripes) que habían sido contratados por las citadas compañías debían modificar los contratos individuales, «reemplazándose el nombre del empleador por el de Alimar S.A., y manteniéndose inalteradas las demás cláusulas del contrato y su fecha», subrayó el fallo.
Como estipuló el dictamen de la Corte, el tribunal laboral demostró que en el fondo se constituyó una empresa o sociedad para cada embarcación y la obligación de cada una se reduce a contratar personal para realizar los viajes de pesca y las labores de vigilancia cuando la nave está en puerto; en tanto que la determinación de cuándo se realizarán los viajes, los tiempos que durarán, el recurso que se capturará, la cantidad de los mismos y el puerto de recalada, son de la empresa mandante, dueña de las naves, o sea de Alimar.
En ese sentido, la Corte de Apelaciones de Concepción subrayó que las «empresas que contratan el personal no tienen otros trabajadores que aquellos que se desempeñan en la respectiva faena (…) todas las operaciones que realizan los operadores de las naves, por contrato, son a nombre de Alimar y la pesca es de propiedad de esta última».
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Tras la sentencia, la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), en voz de su presidente Juan Montenegro, formuló un llamado para que el Gobierno fiscalice las malas prácticas laborales de industriales pesqueros que, según aseguró el dirigente, han permitido la simulación de contratos a través de empresas «ficticias».
«Tanto el subsecretario (de Pesca y Acuicultura, Raúl) Súnico, como la ministra del Trabajo (Ximena Rincón) han hecho vista gorda a estas malas prácticas que realiza la gran industria pesquera y que hemos denunciado en más de una ocasión. Lamentablemente, como ha sido el tenor en el tema pesquero y quizás por qué intereses, el Gobierno no hace nada y hay que esperar que los tribunales tomen cartas en el asunto», enfatizó Montenegro.
Alimar, de propiedad de los Izquierdo Menéndez y Foodcorp, es una de las cuatro pesqueras que concentran el 90% de las cuotas de jurel en Chile; y que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) también la investiga tras la denuncia de pescadores artesanales que acusaron restricciones a la libertad de comercio por parte de la industria.
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