El pasado lunes 14 de marzo, comunidades indígenas de la Región de Los Lagos presentaron un recurso de protección en contra de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) por la Resolución N°114 que otorga permiso para verter en alta mar hasta 9.000 toneladas de salmones muertos producto de la Floración de Algas Nocivas (bloom) que afectó fundamentalmente a los centros de cultivo de la Agrupación de Concesiones de Salmonídeos («barrio») N°2, ubicado en el seno de Reloncaví.
La abogada de las comunidades, Orieta Llauca, explicó que el «recurso de protección, presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se sustenta en que tanto la Directemar como la Subpesca autorizaron la descarga de desechos de pescado con el consiguiente riesgo ambiental que ello genera».
El lonko mapuche Eric Vargas manifestó su satisfacción frente a la respuesta de la corte, expresando a Radio Bío-Bío «lo importante que es esta acción judicial para las comunidades, pescadores y trabajadores que se han visto afectados por la emergencia ambiental provocada por la mortalidad de salmones».
El equipo jurídico del Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Mapuche adelantó que se encuentran redactando una querella por delito ambiental, en contra de todos aquellos que resulten responsables.
Radio Bío-Bío detalló que para los representantes de dicho consejo indígena, con estas futuras acciones judiciales no solo las empresas serán sujeto de una persecución penal, sino que se busca, además, que autoridades de los distintos servicios públicos respondan por las consecuencias de la denominada «Crisis del Salmón».