La Corte Nacional Española ordenó el pago de EUR$700.000 a una empresa china en compensación por una carga de bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) -conocido también como austromerluza, merluza negra, nototenia negra, mero chileno, Chilean seabass o Patagonian toothfish en los mercados internacionales- ilegalmente capturado y que fue incautado el año pasado en Vietnam desde un barco de propiedad de un sindicato pesquero español. Dos otros barcos de los mismos dueños se están preparando ahora para zarpar luego de más de dos años de detención en el Puerto de Mindelo, Cabo Verde.
Los grupos conservacionistas Oceana y Sea Shepherd están haciendo un llamado a la comunidad internacional para detener inmediatamente lo que consideran una «aberración de la justicia».
Un gobierno que paga por una carga ilegal
La semana pasada, la Corte Nacional Española dictaminó que las autoridades vietnamitas debían transferir el valor de una carga de austromerluza ilícita a bordo del «Kunlun» a la compañía basada en China que la compró. Sin embargo, tanto España como la República Popular China son parte de la Comisión por la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCAMLR, por sus siglas en inglés), que establece que sus nacionales no pueden beneficiarse económicamente de la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). Oceana y Sea Shepherd exigen con fuerza a los gobiernos de Vietnam, España y China que cooperen inmediatamente para prevenir un pago que, a su juicio, está claramente contraviniendo los acuerdos internacionales.
«Al ordenar el pago de EUR$700.000 en compensación por una carga ilegalmente capturada de austromerluza, la Corte Nacional Española está enviando una señal equivocada a los pescadores y al mercado global de pesca. No hay duda de que el pescado incautado era ilegal, ya que carecía de la documentación legal requerida para ser comercializado legalmente. Todos los compromisos internacionales para detener la pesca INDNR están puestos en juego por la postura pasiva de las autoridades españolas y chinas. En su lugar, los gobiernos deben detener la pesca ilegal ahora», declaró el director ejecutivo de Oceana Europa, Lasse Gustavsson.
Barcos en Lista Negra preparados para operar durante el verano austral
El fallo de la Corte Española se produce justo cuando otros dos barcos pesqueros en Lista Negra, históricamente conectados con el mismo sindicato Vidal, se están preparando para reanudar operaciones de pesca. Ambos incluidos en las Alertas Púrpura de Interpol –alerta internacional de actividad criminal– los barcos antes llamados «Yongding» y «Songhua», han estado detenidos en la República de Cabo Verde en las costas de África Occidental desde que Sea Shepherd alertó a la Policía Judicial de Cabo Verde de sus operaciones en 2015 (presione aquí para ver esa noticia).
Sin embargo, Oceana y Sea Shepherd descubrieron recientemente que estos barcos han sido repintados, rebautizados y cambiaron de bandera. El «Yongding» ahora se llama «Atlantic Wind» y lleva bandera de la República de Tanzania, mientras el «Songhua» ahora se llama «Pescacisne 2» y lleva bandera chilena.
«Luego de perseguir al ‘Thunder’ en lo que se convirtió en la persecución marítima más larga de la historia, he llegado a saber cómo operan estos criminales», dijo el capitán Peter Hammarstedt, director de Campañas para Sea Shepherd Global. «Los barcos antiguamente conocidos como el ‘Yongding’ y el ‘Songhua’ han adquirido tripulación y equipos de pesca. Es evidente que estos dos barcos están siendo preparados para regresar al mar a realizar actividades de pesca ilegal nuevamente, envalentonados por la decisión de la Corte Nacional Española que recompensa el comportamiento ilegal», añadió el representante de la ONG.
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Tanto Oceana como Sea Shepherd formularon un llamado al Gobierno de Cabo Verde para que no permita a las naves desplazarse y que les nieguen cualquier tipo de apoyo, considerando que ambos barcos están incluidos en la Lista Negra, tanto para la CCAMLR como para las Comisiones Internacionales para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés). Realizaron también un llamado a los gobiernos de Tanzania y Chile para que retiren sus banderas del «Atlantic Wind» y del «Pescacisne 2», respectivamente.
Es así como Tanzania retiró su bandera al «Yongding». Esto es, en palabras de Sea Shepherd, lo que el Gobierno chileno debería hacer también en el caso del ex «Songhua».
«Tomó más de dos décadas de trabajo duro para las ONGs ambientalistas y para algunos gobiernos conseguir que la comunidad internacional se uniera en la lucha en contra de la pesca INDNR», dijo Gustavsson, agregando que el «Yongding», el «Songhua» y el «Kunlun» son íconos de esta lucha. «Si la comunidad internacional no los detiene, saquearán la Antártica una y otra vez», enfatizó.
Antecedentes históricos
En 2016, el Ministerio de Agricultura español, la Guardia Civil (policía española) e Interpol lanzaron allanamientos de propiedades pertenecientes al conglomerado de pesca Vidal, con sede en España.
Miles de documentos y computadoras fueron confiscados, se realizaron seis arrestos, y el Ministerio de Agricultura español impuso exitosamente multas de hasta EUR$17,8 millones, así como una prohibición de pescar y de recibir subvenciones de pesca gubernamentales por 25 años para el conglomerado de empresas Vidal.
En paralelo, el Ministerio Público español inició un caso penal en contra de los propietarios de los barcos por falsificación de documentos, lavado de dinero, crímenes ambientales y conspiración criminal.
En el transcurso de las investigaciones, una carga ilícita de 164 toneladas de austromerluza ilegalmente capturada fue también incautada por agentes del orden en Vietnam, por requerimiento de la Guardia Civil, a través de Interpol. El cargamento provenía de un barco pesquero en Lista Negra tanto internacionalmente como para Interpol, el «Kunlun».
A fines de 2016, la Corte Suprema española desestimó el caso penal, con un juez en desacuerdo, declarando que las Cortes no tenían jurisdicción para decidir sobre temas de pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) en zonas de alta mar, como el Antártico. Por lo tanto, en opinión de la Corte ningún crimen relacionado con la pesca INDNR en alta mar podía ser procesado bajo la ley española, incluyendo el lavado de dinero que se documentó.