(La Segunda) Dos semanas antes de que el Gobierno ingresara al Congreso el mensaje presidencial de la Ley de Pesca (20.657), la industria se reunió con el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, quien les propuso una fórmula para incorporar las licitaciones de un 15%, a lo que las empresas se oponían férreamente.
Los representantes gremiales consideraron la idea «ingeniosa y el daño limitado», pero le revelaron que no podían aparecer públicamente de acuerdo con ella. Explicaron que siempre habían figurado en contra de las licitaciones y que de aparecer aprobándolas ahora, durante la discusión en el Congreso los legisladores podrían subir el porcentaje.
El relato del encuentro entre los industriales y Longueira está contenido en un e-mail enviado el 30 de noviembre de 2011 por el entonces gerente general de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, a directivos de diferentes pesqueras.
El día 14 de diciembre siguiente ingresó al Congreso el mensaje presidencial incorporando las licitaciones del 15%. Durante toda la tramitación de la Ley de Pesca los gremios industriales clamaron su oposición a ese artículo.
Las licitaciones del 15% fueron rechazadas en la Cámara de Diputados, pero el Ejecutivo las repuso en el Senado, donde fueron aprobadas.
Lo que dijeron los políticos
Tras los cuestionamientos que surgieron por los pagos de Corpesca a políticos, varios congresistas, entre estos el senador Jaime Orpis, dijeron haber votado en contra de los intereses de las pesqueras justamente por aprobar las licitaciones del 15%, algo con lo que, ahora se sabe, ya concordaba la industria antes del ingreso del proyecto de ley.
Fue así como en una entrevista al abogado defensor de Orpis, Carlos Cortés, aseguró: «Sobre las licitaciones, del cual Corpesca se mostraba en contra, el senador Orpis vota a favor».
Longueira también usó ese argumento para defender el articulado, y en marzo de este año, cuando ya era cuestionado por su rol en la Ley de Pesca, sostuvo que el hecho que Orpis y los senadores Fulvio Rossi (PS) y Hosain Sabag (DC) fueran «vitales» para «aprobar el 15% de licitación, tema al que se oponían todos, los gremios, los industriales y artesanales», era una demostración de que habían votado «por el bien común» y «honestamente».
Hasta este e-mail, para refutar la tesis de la defensa de Orpis solo se contaba con un correo enviado por Corpesca donde se le instruía votar por el 15%, cuando el proyecto ya estaba en el Senado. Este fue usado por la fiscal Ximena Chong en la formalización del ex senador.
Ahora se conoce que no solo Corpesca aceptaba el porcentaje, sino que la industria completa hacía mucho tiempo mostró proclive ante las autoridades.
Efecto comunicacional
La reunión de negociación de los términos de la ley se había efectuado el 28 de noviembre de 2011. Por el Gobierno, además de Longueira, estaban presentes el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, y los asesores Edith Saa, María Alicia Baltierra y Maximiliano Alarma. Por las AG pesqueras participaron Luis Felipe Moncada; el entonces presidente de la Asipes, Rodrigo Sarquis; el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (Asipnor), Francisco Mujica (también gerente general de Corpesca, hoy formalizado); el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Rodrigo Sarquis; y Marcos Osunaen por la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes).
En el e-mail, Moncada relata que Longueira insistía en incorporar licitaciones para aquella parte de la cuota entregada a una empresa que no estuviera siendo explotada en su máximo permitido. El ministro les dijo que para el Presidente Sebastián Piñera ese porcentaje debía ser del 20%, pero que él tenía «libertad de proponer hasta un 15%».
Para jugárselas por ese menor porcentaje, el titular de Economía pedía a los gremios empresariales respaldar públicamente la idea de las licitaciones y llegar al Congreso con un proyecto acordado entre los actores. Advirtió, sin embargo, que durante la tramitación los legisladores podían subir el guarismo.
Longueira les expuso que la idea era diferenciar tres tipos de licencias (A, B y C, las dos primeras llegaban a ser indefinidas), con diferentes períodos, valores de patentes, royalty y formas de cálculo para la cuota a licitar.
Las licitaciones se gatillarían cuando, ya definido el Rendimiento Máximo Sostenible (a las pesqueras se les daba un plazo de dos años para tener ese número), la empresa respectiva estuviera un 15% por debajo de ese índice.
Los industriales dijeron entonces al ministro que «la fórmula parece ingeniosa y el daño limitado, pero le hicieron ver que «de aparecer concordando lo que se propone, se dirá por los detractores que una vez más el Estado y los particulares se han puesto de acuerdo en un tema para defender intereses». Agregaron que «las licitaciones deben aparecer como una imposición a la industria».
Según el e-mail, «se le pidió a la autoridad que analice las consecuencias comunicacionales de que los gremios industriales aparezcan apoyando las licitaciones que el Gobierno quiere proponer, lo que puede llevar a que el proyecto no se apruebe».
Esto pues, le dijeron a Longueira, «si la industria dice que está de acuerdo con las licitaciones, el proyecto no tendrá aceptación, la industria debe aparecer derrotada». Ofrecieron, a cambio, su disposición a oponerse a las licitaciones «sin enfatizar un incumplimiento respecto a lo ofrecido».
Tras el envío del correo, Rodrigo Sarquis, presidente de la Sonapesca, escribió: «Un buen resumen de la reunión con el ministro. Algún comentario?»
La Segunda se contactó con la Asipes, que no quiso entregar una versión sobre el e-mail. El abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, dijo: «No me voy a hacer cargo de conversaciones que mantengan terceros respecto a mi representado».