La comisión permanente del Pacífico Sur, junto a la Fundación Mar Viva y la Universidad Científica del Sur de Perú, organizaron el «Primer taller internacional de procesos administrativos y judiciales del Pacífico este y sur de pesca ilegal», actividad en la que participaron representantes de las instituciones reguladoras y fiscalizadoras de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, España y Chile.
De acuerdo con lo publicado en el sitio web del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el objetivo del encuentro fue intercambiar información y conocer los distintos mecanismos de fiscalización que aplica cada país para enfrentar la extracción ilegal de recursos pesqueros, así como los posteriores procesos sancionatorios.
Así lo explicó el jefe del Departamento de Fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y uno de los participantes en este taller, Daniel Molina, quien agregó que entre las debilidades identificadas «la mayoría coincidíamos en la falta de recursos humanos y tecnológicos, vacíos normativos, y la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones fiscalizadoras y de los Estados para la adopción de medidas regionales».
Para Molina, otro de los temas urgentes y prioritarios será la adopción y posterior entrada en vigencia del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, iniciativa internacional que busca prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así el uso sustentable y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.
Reforzamiento de la normativa
Por su parte, el abogado de la Subdirección de Pesquerías del Sernapesca, Maximiliano Astorga, realizó una exposición de los procedimientos sancionatorios que existen en Chile, a través de la presentación de un caso emblemático, analizando sus puntos fuertes y las oportunidades de mejora. «El caso presentado fue el de la incautación de más de 7.000 toneladas de harina de pescado en la Región del Biobío», explicó Astorga.
La presentación del abogado se centró en las mejoras normativas gestionadas a partir de este caso, «particularmente en los proyectos de ley ingresados al Congreso y que actualmente están en tramitación y que están directamente relacionados con estos casos, porque a partir de ahí se pudo establecer que las sanciones aplicables a los productores de harina y comercializadores en general no son disuasivas de una eventual reincidencia por parte de los infractores, por lo tanto con los proyectos de ley se busca disuadir las conductas atentatorias contra el régimen de pesca, particularmente en el caso de las etapas post captura que actualmente no tienen sanciones específicas, además de tipificar esta conducta como delito y definir el concepto de pesca ilegal», detalló Astorga.
En las mesas de trabajo posteriores a cada exposición, el resto de los participantes destacó positivamente la capacidad del Sernapesca para gestionar ante los organismos reguladores y legislativos, cambios a la ley que permitan elevar las sanciones y perfeccionar los procedimientos de fiscalización. «Nos comentaron que eso les llamó mucho la atención, porque en sus respectivos países lograr un cambio normativo era mucho más complicado, en cambio acá ya tenemos presentados proyectos de ley, y que podrían ser aprobados dentro del mismo año», concluyó el abogado.