Luego que el diputado Daniel Núñez (PC) ingresara este miércoles 6 de agosto una moción que busca establecer la línea de mano y/o potera como el único arte de pesca para capturar la jibia, representantes de los distintos sectores de la pesca industrial alzaron la voz para hacer valer los que, a su juicio, son sus justos derechos.
En conversación con AQUA, el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, argumentó que la iniciativa carece de sentido si se considera que gran parte del fraccionamiento está destinado al rubro artesanal (80%) y que, de aprobarse, significaría el término de las operaciones industriales en dicha pesquería.
«Solo en la Región del Biobío, ese 20% del fraccionamiento que nos corresponde nos permite mantener cinco plantas de procesos en funcionamiento y a lo menos cinco barcos operando; de modo que de aprobarse el proyecto significaría un muy grave daño desde el punto de vista social y económico, que estimamos no ha sido adecuadamente dimensionado por el diputado Núñez», enfatizó el timonel de la Asipes, para quien probablemente la iniciativa no prosperará «porque una vez que los diputados se informen adecuadamente sobre lo que representa esta actividad industrial, comprenderán que no tiene lógica racional impedir o terminar con un rubro de procesamiento, especialmente en la zona centro-sur, que entrega más de 700 empleos directos y 1.700 indirectos».
Consultado por la posibilidad de tomar medidas, como solicitar alguna audiencia con las comisiones de Pesca del Congreso y/o miembros puntuales de estas, Moncada puntualizó que esperarán que el proyecto sea presentado y, en caso que los legisladores estimen tramitarlo, presentarán los argumentos que estiman relevantes, «puesto que esta iniciativa es muy riesgosa para la actividad pesquera, sus trabajadores y, en definitiva, para el país».
Sonapesca
Por su parte, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) manifestó su sorpresa ante la moción del diputado Daniel Núñez, quien defendió su propuesta argumentando que “esta busca asegurar que un recurso como la jibia, que ha sido fundamental para la pesca artesanal, pueda explotarse en forma sostenible”.
En este sentido, el gerente general de la Sonapesca, Héctor Bacigalupo, detalló a AQUA que analizarán el proyecto apenas lo tengan y puntualizó que el principio partiría de premisas equivocadas. «Las discrepancias frente a la captura de la jibia surgen por un problema de mercado que nada tiene que ver con la conservación. La jibia tiene un mercado global muy grande, en el cual son actores relevantes Argentina y Perú, así como los barcos factoría chinos y coreanos, y cuando estos países capturan mucho su jibia, los mercados son copados y hacen caer los precios, afectando la operaciones en Chile, sin que nuestro país pueda hacer algo al respecto», enfatizó Bacigalupo, agregando que Chile es un actor menos relevante que no tiene incidencia sobre el precio internacional del recurso.
De igual manera, dijo que más que preocupación por la jibia, pareciera que alguien pretende dejar a la industria fuera del mercado a través de prohibirle capturar con sus medios tradicionales, «lo que sería absolutamente ilegítimo, además de no medir las consecuencias sociales, tanto en el empleo que genera la industria como en el poder de compra que ofrece a los mismos artesanales y que con esta medida desaparecería, perjudicando además a quienes busca favorecer».
Por último, el ejecutivo gremialista, quien es ingeniero pesquero, aseguró que si se busca proteger a la jibia, se debe establecer una cuota determinada para cada sector y asegurarse que se cumpla. «En este sentido la industria cuenta con certificaciones en las descargas que permiten acreditar exactamente los desembarques, posicionador satelital las 24 horas y observadores a bordo de sus naves. Todas estas medidas contribuyen tanto a la generación de conocimiento como al control de las medidas. Si realmente existe preocupación por la conservación de la jibia, tal vez el proyecto de ley podría ampliar estas medidas al sector artesanal, contribuir a financiar más investigación y apoyar las actividades de fiscalización del Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura) y la Armada para combatir la pesca ilegal», concluyó el gerente general de la Sonapesca.