Un inédito encuentro protagonizaron este miércoles 29 de julio los sindicatos de trabajadores de la industria pesquera y ocho empresas del sector, en lo que denominaron el «Primer Cónclave Multigremial por la Defensa del Empleo en la Región del Biobío».
A la cita llegaron representantes de federaciones y sindicatos de trabajadores de plantas y embarcados, además de ejecutivos de las empresas Blumar, Camanchaca, Marfood, Landes, PacificBlu, Bahía Coronel, Orizon y Grimar, quienes en su conjunto representan a 12.000 trabajadores de la pesca industrial de las comunas de Talcahuano, Coronel y Tomé.
Los asistentes describieron esta cita en un comunicado público como «clave para el sector, pues se consolidó una postura común de ‘estado de alerta’ ante el escenario de modificación de la ley de pesca debido a la moción presentada en el Senado por tres legisladores de la Nueva Mayoría y que amenaza gravemente la continuidad de la industria pesquera en la Región del Biobío».
A juicio de los industriales pesqueros, las modificaciones ingresadas al Senado «simplemente significarán la desaparición de la actividad pesquera industrial tal como la conocemos en la Región del Biobío», y dijeron «lamentar que el millonario lobby internacional por las licitaciones logre destruir más de 36.000 empleos a lo largo de Chile y unos 12.000 en las comunas de Talcahuano, Coronel y Tomé».
Los trabajadores hace unos días ya se habían declarado en «alerta» argumentando que la moción presentada por los senadores Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC) y Rabindranath Quinteros (PS) «atenta gravemente contra la estabilidad y futuro de la legítima actividad pesquera, pues busca una modificación profunda de la ley de pesca», aprobada hace menos de dos años y se abre a licitaciones totales de los recursos pesqueros «para que potencias internacionales se queden con los peces de todos los chilenos».
En la cita, a la que asistieron más de 60 representantes, hubo acuerdo para actuar y defender sus puestos de trabajo y la sobrevivencia de este sector económico, «pues somos 12.000 pescadores vinculados al sector en el país, sin contar una cantidad importantísima de trabajo indirecto en servicios, insumos y otros», adujo Mariano Villa, uno de los dirigentes asistentes.
Por su parte, el gerente de Pesquera Landes de Talcahuano, Andrés Fosk, sostuvo que «lo que ha ocurrido con el financiamiento irregular de la política que involucra una ex diputada (Marta Isasi) y a un senador (Jaime Orpis) en el norte del país, es sumamente grave y debe ser investigado y sancionado, si es que los tribunales llegan a esa conclusión. Pero nosotros estamos aquí para organizarnos y defender la actividad industrial legítima que desarrollamos en el centro sur del país y que genera desarrollo y trabajo a más de 12.000 familias en esta parte de Chile. El sector pesquero no puede cargar con los graves hechos de financiamiento producidos en el norte y eso los legisladores deben tenerlo muy claro», enfatizó Fosk.
Los industriales creen que estos dos hechos de financiamiento irregular «ha servido como argumento a Lota Protein y sus organizaciones satélites, como Pymepes, Condepp y Fetrapes, para buscar desestabilizar la actual ley de pesca, ejerciendo un lobby millonario para imponer las subastas de los recursos pesqueros. De otra manera no se explica la evidente sintonía en lo que históricamente ha intentado imponer en Chile Lota Protein con el proyecto de los tres senadores de la Comisión de Pesca del Senado», reseñaron en su comunicado.
Raúl Morales, presidente de la Federación de Trabajadores de Plantas de Proceso (Festrach), complementó que se pondrán en contacto con los senadores oficialistas para exponerles el impacto social que la moción podría producir, como la preocupación de fuentes laborales. «Estamos cansados de escuchar voces que quieren derogar la ley e iniciar una licitación de las cuotas», puntualizó, sin descartar el inicio de movilizaciones y manifestaciones públicas.