Al igual que la acuicultura, la pesca industrial chilena viene cerrando un año 2020 con dificultades debido, principalmente, a los efectos de la pandemia del Covid-19. En conversaciones con AQUA, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca), Osciel Velásquez, adujo que «los primeros meses del 2020 fueron muy complejos», en los que se vio una reacción de los principales mercados internacionales debido a las medidas en contexto de la crisis sanitaria que «restringieron drásticamente» el comercio de los productos del mar, debido al cierre del turismo, hoteles y restaurantes.
Según el dirigente, el hábito del consumidor fue restringido y los importadores se vieron obligados a regular sus compras, hubo caídas en los precios y problemas logísticos que afectaron la cadena de suministro. En cuanto a este año 2021, expresa que aún es pronto para realizar proyecciones, pero mantiene la confianza en que Chile podrá seguir exportando productos del mar seguros e inocuos para los consumidores. Asimismo, manifiesta su preocupación por proyectos de ley que están en el Congreso y que podrían perjudicar el desempeño del sector industrial.
¿Qué balance puede efectuar acerca del año 2020 para la pesca industria del país?
Los primeros meses del 2020 fueron muy complejos, en los que se vio una reacción de los principales mercados internacionales debido a las medidas en contexto de la pandemia que restringieron drásticamente el comercio de los productos del mar, debido al cierre del turismo, hoteles, restaurantes. El hábito del consumidor fue restringido y los importadores se vieron obligados a regular sus compras, hubo caídas en los precios y problemas logísticos que afectaron la cadena de suministro.
En términos de volumen, dos tercios de los productos pesqueros chilenos se venden en el exterior, por lo tanto, el impacto fue severo en las primeras semanas.
Conforme fueron avanzando los meses, el comercio mundial de productos del mar se fue reactivando gradualmente. Nos encontramos que el consumidor quería seguir adquiriendo productos del mar, por lo que había que establecer los canales adecuados. El fresco refrigerado seguía sin venta, pero a través de supermercados y congelados los mercados se fueron estabilizando y gracias a un trabajo permanente con las autoridades pesqueras se logró resolver diversas barreras no arancelarias e implementar protocolos de bioseguridad para entregar garantías a los países de destino sobre inocuidad de los productos pesqueros y, así, mantener operativo el proceso exportador. En ese sentido, valoramos los esfuerzos que tuvieron las empresas, pequeñas, medianas y grandes de la pesca industrial para reaccionar a estos cambios, resolver las dificultades en la operación y reactivar la cadena de valor.
Al finalizar el año se logró alcanzar un resultado positivo en las exportaciones, donde se registraron ventas al exterior por US$1.754 millones, un 7,3% más comparado con 2019 y un 20% superior en términos de volumen exportado (872.085 toneladas).
En el mercado interno, hicimos un compromiso con la seguridad alimentaria nacional y un gran esfuerzo y se logró mantener el abastecimiento en todo el país. Sin embargo, el suministro realizado por la actividad pesquera artesanal en fresco fue muy golpeado por la pandemia debido a una contracción de la demanda, problemas de comercialización, encarecimiento de los viajes de pesca, restricciones en las faenas, disminución de tripulaciones y reducción de precios entre otros problemas. En ese contexto, en conjunto con el Gobierno y los mismos pescadores, la pesca industrial contribuyó a generar delivery, o abrir poder de comprar, entre otras iniciativas que permitieran a los pescadores poder trabajar y proveer el mercado nacional.
¿Cuáles son sus proyecciones para este año 2021 para la industria pesquera nacional?
La situación sanitaria es compleja y aún continúa afectando a la economía global, por lo que cualquier proyección sobre el 2021 está sujeta a diversas variables. Un ejemplo de ello son los nuevos requisitos de países importadores, los que han generado diversos problemas y demoras en cuanto a trámites y certificados, así como la detención de mercancías que se encuentran a la espera de nuevas auditorías. De todas maneras, es importante aclarar que los protocolos y normativa del país y de las empresas aseguran productos inocuos y seguros para los consumidores.
Quisiera relevar el trabajo con ProChile, Subrei y Sernapesca para vigilar el comportamiento de los principales mercados ante la coyuntura sanitaria. Esta colaboración público-privada es fundamental para la recuperación económica en tiempos de crisis, y en ese sentido me gustaría resaltar la utilización y simplificación de las exportaciones gracias a la ventanilla única de comercio exterior electrónico Sicex-Siscomex que ha permitido generar ahorros sustanciales en tiempos de ejecución de trámites relevantes para el despacho de mercancías (congelados, fresco enfriados y harinas de pescado).
Actualmente, se está discutiendo en el Congreso Nacional el proyecto que busca prohibir el arrastre en la merluza común. De aprobarse esta iniciativa, ¿cuáles serían los efectos en la pesca industrial chilena?
Este es un proyecto que no solo perjudica a la pesca industrial, plantas de proceso y sus trabajadores, sino también a cientos de pymes, pescadores artesanales y todo un encadenamiento productivo que gira en torno a este recurso, y lo peor, en tiempos sumamente complejos a raíz de la pandemia.
Como ya lo han dicho algunas compañías, si se aprueba habrá cierres de empresas. Lamentamos profundamente esta decisión infundada de legislar y prohibir un arte de pesca, donde nuevamente se dejan de lado los argumentos científicos esgrimidos por diversas exposiciones de las autoridades, certificadoras internacionales de sustentabilidad, trabajadores, científicos y académicos que plantearon que esta red puede hacer pesca sustentable.
LEA >> En Chile: La merluza común cumple nueve años en estado crítico
Nosotros hicimos llegar todos los antecedentes técnicos que demuestran que la pesca de arrastre en la merluza común no es el problema, sino el enorme volumen de pesca ilegal a la que es sometida esta pesquería. Y como dijeron los expertos, el problema no son los artes de pesca, sino el exceso de pesca por sobre la cuota global, debido a la pesca ilegal. Es evidente que si no se cumplen las cuotas, es imposible que una pesquería sea sostenible.
¿Existen otros proyectos de ley que observan con preocupación? ¿Cuáles?
Uno de los proyectos que está en tramitación en el Congreso es el de la «Ley Corta», el cual modifica el actual sistema de asignación de licencias de pesca para la pesca industrial por uno de subastas, el cual afectaría los derechos de la pesca industrial para desarrollar una actividad productiva en regiones, dinamizar las economías locales, agregar valor y generar empleo. Esta legislación desconocería que estas licencias se otorgaron por 20 años, renovables, en la medida que los armadores cumplan condiciones ambientales y de sustentabilidad. La industria se ha comprometido y está cumpliendo, lo que se ha visto reflejado en la recuperación de la mayor parte de las pesquerías industriales.
LEA >> Conapach se reúne con subsecretaria de Pesca por la “Ley Corta”
Por otra parte, se está tramitando un proyecto que pretende anular la Ley de Pesca. En primer lugar, hay que establecer, como han dicho todos los abogados que fueron invitados a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que no existe la figura jurídica de anular una ley. Se puede dejar sin efecto o se puede modificar, pero no se puede anular.
Por otra parte, es preciso decir claro que existe prácticamente consenso sobre los avances de la actual legislación en materia de sustentabilidad, gracias el enfoque ecosistémico y precautorio, la gobernanza creada a través de los comités científicos, comités de manejo, planes de manejo, entre otros mecanismos, lo que ha llevado a la recuperación de diversas pesquerías donde tiene participación la pesca industrial.
De aprobarse la anulación, implicaría que la ley nunca existió, por tanto, se retrocedería a la legislación de 1991. Sería un retroceso de tres décadas en materia de administración pesquera, ya que se volvería a la denominada «carrera olímpica», lo que derriba todo el trabajo desarrollado en sostenibilidad.