El proyecto pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se deberán refrendar las modificaciones propuestas en segundo trámite.

La Cámara no respaldó las enmiendas del Senado, por lo que el proyecto se verá en una comisión mixta, con integrantes de ambas ramas del Congreso.

Se proponen seis meses para dictar un reglamento y el mismo plazo para la entrada en vigencia de la ley, una vez publicada en el Diario Oficial.

La Sala respaldó en general el proyecto que, entre otros puntos, incorpora el concepto de embarcación menor prestadora de servicios a la acuicultura y enumera los servicios que éstas pueden prestar.

La iniciativa busca perfeccionar las normas para poder mejorar las condiciones y espacios de descanso de las personas que laboran en embarcaciones pesqueras y naves menores que prestan servicios a la acuicultura.

«Hoy las faenas son distintas y más desafiantes; la salmonicultura se desarrolló posterior a la Ley de Navegación. La tecnología disponible y las necesidades de la industria son tan dinámicas que algunas naves podrían diseñarse diferente según sea necesario», es uno de los puntos argumentados por el gremio.

El cambio incluye a las embarcaciones de apoyo a la acuicultura y las condiciones de habitabilidad y bienestar de las embarcaciones pesqueras artesanales.

La iniciativa determina que, sin perjuicio de otras sanciones asociadas al ilícito, quien, sin derecho ni autorización previa de la autoridad competente, porte y/o transporte elementos explosivos al interior de una embarcación, será sancionado con multa de 20 a 100 UTM, es decir, desde poco más de 1 millón y hasta 5 millones de pesos.

Junto con endurecer el castigo por el uso de explosivos propiamente tal, la moción considera una pena todavía más alta (presidio menor en su grado máximo, es decir de tres años y un día a cinco años), si como consecuencia del empleo de esos elementos se ven afectados recursos pesqueros protegidos por vedas.