(La Tercera PM) Ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) arribó hace unas semanas el presidente del Grupo Errázuriz, Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del empresario y ex candidato presidencial independiente de 1989.
A través de una cita concertada por medio de la plataforma de Ley de Lobby, el empresario presentó al jefe del órgano antimonopolios, Felipe Irarrázabal, una serie de antecedentes que darían cuenta de altos precios que pagarían grandes conglomerados a fin de obtener la Licencia Transable de Pesca (LTP).
Según trascendió, en la cita el empresario explicó a la autoridad que la ley de pesca obliga al gobierno a licitar el 15% de las cuotas de pesca, si se cumplen requisitos de sustentabilidad. Es así como a la fecha se licitó la cuota de sardina común de la macrozona sur, que va desde la región de Valparaíso a la de Los Lagos. De igual forma, se licitó la anchoveta de la región de Atacama al sur; y en el mes de diciembre pasado, el jurel, en todo el país.
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Prueba palpable de que se llevó a cabo la audiencia consta en el acta. En dicho documento –de carácter público– se detalló que en la cita se abordó la ley de pesca y las licitaciones que fueron catalogadas por el requirente como «no competitivas».
A raíz de la denuncia presentada por Errázuriz, ahora la FNE cuenta con 120 días para resolver si abre una investigación en contra de grandes grupos pesqueros por un presunto abuso de posición dominante en licitaciones.
Las fuentes consultadas explicaron que existe preocupación en parte de la industria pesquera por los precios que han alcanzado los últimos procesos de licitación de cuotas, los cuales favorecerían una mayor concentración en la pesca industrial. Según fuentes del mercado pesquero, hoy solo resta licitar el 15% de la cuota global de la anchoveta, de la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Es decir, en torno a 135.000 toneladas de anchoveta anual, lo que deberá ocurrir en diciembre de 2018.
El cuestionamiento por parte de la industria surge a raíz del precio en que Orizon -pesquera del grupo Angelini- obtuvo la última oferta de jurel que se realizó en diciembre de 2017, y que ofertó pagar $230.000 la tonelada anual de jurel, unos US$380, aproximadamente.
De acuerdo con las fuentes consultadas, dicho precio no haría rentable el negocio para quienes tienen menor capacidad que las grandes pesqueras. Esto, considerando los precios actuales de la harina de pescado que a nivel internacional no superan los US$2.000 la tonelada y los costos que requeriría el proceso para el producto final.
Las pesqueras industriales habría pagado en promedio 28% más que las firmas de menor tamaño por cada tonelada. Sin embargo, otros pesqueros explican que la licitación no estaría bloqueando la competencia, aunque admiten que el modelo de las cuotas no es el más apropiado para la industria y no es el estándar para países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Desde la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), gremio que agrupa a los grandes pesqueros industriales, declinaron entregar declaraciones públicamente sobre esta materia.
Mientras que desde Orizon, respondieron que «por su naturaleza y marco normativo la licitación no afecta la libre competencia. El precio ofertado se corresponde al foco central de productos para consumo humano y con valor agregado, evidentemente más rentable que para la producción de harina. Para Orizon, el consumo humano con valor agregado es su foco y expresa su visión del desarrollo de la industria pesquera».
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