Cuando ya han transcurrido dos semanas desde que la Floración de Algas Nocivas (bloom de algas) comenzara a impactar con fuerza la producción salmonicultora en la Región de Los Lagos, fundamentalmente en el seno de Reloncaví donde se emplaza la Agrupación de Concesiones de Salmonídeos («barrio») N°2 y en la que a la fecha se registran mortalidades superiores al 90%, el nivel de descomposición de los peces que aún no han sido retirados empieza a obligar a las compañías y a autoridades a pensar en el vertimiento en altamar.
Si bien en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) han reiterado que esa era la última opción, la limitada capacidad de rellenos sanitarios y la sobre demanda que han enfrentado las plantas reductoras que elaboran harina y aceite de pescado, provocan que los próximos días sean críticos para quienes se están desempeñando en las faenas, ya que la emisión de ácido sulfhídrico es cada vez más latente. Basta con solo 2 partes por millón (ppm) en el aire para percibirlo olfatoriamente, mientras que a 25 ppm (aire) es considerado una mezcla mortal para el ser humano.
«Esa es la última alternativa, la que queremos evitar a toda costa, pero la salud de las personas, en este caso de los trabajadores, es lo primero», enfatizó el director del Sernapesca en la Región de Los Lagos, Eduardo Aguilera; a lo que el gobernador marítimo de Puerto Montt, capitán de navío LT Pedro Valderrama Carrillo, complementó que la presencia de ácido sulfhídrico, que ya ha sido detectado en salmones que están siendo transportados y otros descargados en plantas reductoras de la Región del Biobío, también se torna riesgoso para los sectores urbanos.
«Después de 15 días los peces entran en un grado de descomposición donde es preferible no transportarlos por lugares en que puedan haber personas sin la protección adecuada», subrayó Valderrama.
Es así que el Sernapesca, en conjunto con la Armada, está evaluando la eliminación en el océano fuera de las 60 millas para evitar cualquier riesgo a la salud humana, según lo estipulado en el Protocolo de Londres que regula el vertimiento de desechos en el mar a nivel internacional.
Y el lugar elegido sería una fosa submarina a 75 millas mar adentro al norweste de la isla de Chiloé, específicamente desde Faro Punta Corona (comuna de Ancud), zona que -según la autoridad pesquera y también marítima- reúne las garantías técnicas para no afectar actividades del sector pesquero, vías de navegación y/o de interés medioambiental.
El gobernador marítimo de Puerto Montt explicó que han canalizado esta posibilidad a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) y, en caso que ello se concrete, las mortalidades se vertirán en un punto del mar donde los estudios oceanográficos aseguren que las corrientes no tienen como dirección las costas del país. «La idea, entonces, es aprovechar el poder del mar y su dinámica del oleaje, así como la salinidad y radiación, de modo tal de que los restos de estos peces se descompongan y sean abatidos finalmente por la matriz acuática y la matriz del aire para que se vuelvan a incorporar a los cuerpos de agua como nutrientes y no como un elemento nocivo para la salud humana», detalló Pedro Valderrama.
En tanto, el director del Sernapesca Los Lagos precisó que hasta este miércoles 9 de marzo se habían retirado cerca de 24.000 toneladas del total de 36.217 toneladas de biomasa muerta que se registran en los 37 centros de cultivo afectados (de un universo de 415 centros que operan en el país), con mortalidades que ascienden a 22,6 millones de peces, según las últimas cifras emanadas desde el Ministerio de Economía.
Para cerrar, Aguilera dijo esperar que el próximo lunes 14 de marzo sea la fecha límite para que todas las jaulas estén libres de peces muertos.
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