(La Tercera) Las aguas no se aquietan en la mesa que en enero pasado el Gobierno y legisladores de la Nueva Mayoría crearon para corregir la polémica Ley de Pesca, vigente desde febrero de 2013.
El grupo solo ha sesionado tres veces, enfrenta visiones distintas sobre el grado de avance del proceso y los tiempos apremian, pues el Ejecutivo definió que en agosto habría acuerdos y estos no existen. Los congresistas, de hecho, estiman que las conversaciones podrían durar dos meses más, dice el diputado PC Daniel Núñez. «Hasta ahora, solo hemos discutido los titulares. Aún es difícil prever cuándo habrá acuerdos», comenta.
Núñez es clave en el grupo: fue su moción -para anular la Ley de Pesca- lo que gatilló la instancia bipartita para avanzar en perfeccionamientos por la vía legislativa.
El Gobierno, en tanto, tiene su agenda propia, donde un punto relevante es la revisión de los derechos de pesca para establecer que «estos no son para siempre y que no son gratis», afirma el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
La orientación del Ejecutivo también apunta a incrementar la recaudación fiscal por patentes pesqueras, dado el complejo momento que enfrentan las arcas públicas. «El precio de las licencias tiene que reflejar un adecuado valor, tomando en cuenta que este es un recurso que les pertenece a todos los chilenos», sostiene el secretario de Estado.
Lo anterior no es menor para la industria, que no forma parte de la mesa de trabajo. En los últimos días, el sector ha advertido sobre lo que califican como altos impuestos a pagar este año. El plazo para eso vence el 31 de este mes.
Según cálculos de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), este año el pago del impuesto específico y las patentes de pesca totalizará US$27 millones, desembolso un 18% más alto que en 2015. Ahí, la industria canceló US$23 millones en tributos.
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Para avanzar en los cambios con un respaldo técnico, el Gobierno solicitó a varias universidades estudios en libre competencia que darían directrices respecto de cómo modificar el mecanismo de licitaciones. «Nos parece importante tener los instrumentos necesarios para tener el mejor diseño. Por ejemplo, cómo fortalecemos los procesos de licitación que ya estamos llevando adelante. Esos procesos requieren ser revaluados y fortalecidos de forma de aumentar la competencia en los mismos. Es parte de los estudios que hemos pedido», detalla Céspedes.
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El subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, agrega que se ha solicitado a las universidades «definir un adecuado mecanismo de licitación, considerando la realidad pesquera del país. Queremos que exista un proceso transparente que permita que los distintos actores participen en una cancha pareja y que se permita, además, una adecuada recaudación para el Estado».
Valor de las licencias
Una fórmula que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa para cambiar el mecanismo de licitación apunta a igualar el pago de las licencias pesqueras, derechos que hoy tienen dos categorías definidas en la ley: las licencias A y B.
Las primeras son los llamados derechos históricos que tiene el sector industrial, y cuya vigencia es de 20 años, renovable. Las licencias B, en tanto, surgen de las subastas y tienen una vigencia de diez años.
Según el Gobierno, «no es razonable que por los mismos recursos pesqueros el Estado reciba un precio muchísimo menor por parte de quienes detentan las licencias A».
Pero la Asipes refuta, precisando que la industria paga $17.300 por tonelada de pesca, cifra mucho más alta que los $12.300 de 2012. «Esto corresponde a un 40% de aumento en el valor de los recursos pesqueros chilenos luego de aprobada la Ley de Pesca», acota Luis Felipe Moncada, presidente del gremio.
Elevar caducidad o licitar
Otro tema en conversación, levantando incluso más polémica en la mesa de trabajo, es qué hacer con los derechos pesqueros al terminar los 20 años de vigencia. «Entendemos que en los primeros 20 años está constituido un derecho de propiedad y, por tanto, la discusión se centra más bien en el mecanismo de renovación. Ahí se estima jurídicamente que es posible introducir modificaciones, pues se trata de meras expectativas y no derechos constituidos», explica Súnico.
Agrega que no puede haber mecanismos de renovación automáticos, «de manera que creemos que hay que colocar causales más agudas en términos de asegurar la participación de los distintos actores».
En la mesa, admite un congresista, se ha evaluado la posibilidad de licitar los derechos de pesca cuando caduquen. Añade que en el Gobierno la idea está permeando, ya que «así se aseguran de que las licencias estén al alcance de nuevos actores y, además, se pague un precio de mercado por esos recursos».
Con lo anterior, añade la fuente, la autoridad espera elevar gradualmente los porcentajes de licitación. Hoy, el 85% de los derechos pesqueros históricos está en manos de la industria y el resto se licita. El Gobierno busca lograr un equilibrio de 50/50, a medida que caduquen los derechos de los industriales.
Quiebre en la mesa
Pero no toda la mesa está convencida de que el Ejecutivo busque hacer modificaciones profundas a la ley, advierte el senador PS Rabindranath Quinteros. Este, junto con la senadora DC Carolina Goic y la PPD Adriana Muñoz son autores de una moción para modificar la norma y están inquietos.
«Estamos bastante preocupados, porque vemos una señal de que el Gobierno quiere dilatar el debate y esto me tiene particularmente molesto. No ha habido avances concretos y no queremos seguir conversando en el aire», fustiga Quinteros.
Comenta que esperan que en los próximos 15 días -de vuelta de la semana distrital- se tomen decisiones concretas, pero si no ocurre, pondrán en tabla la moción senatorial. Esta, entre otros temas, reduce la vigencia de los llamados derechos históricos, al menos a la mitad, eleva a 50% la licitación y propone que una nueva Constitución defina los peces como propiedad de todos los chilenos.
Las tensiones en la mesa se evidenciaron en la última reunión, una cena hace un par de semanas, a la que no fueron todos los integrantes de la mesa. No hubo puntos de encuentro entre los propios legisladores y tampoco con el Gobierno.
Pero lo que gatilló el quiebre fue la posición del Ejecutivo respecto de caducar o no los derechos pesqueros de las empresas cuestionadas por financiamiento ilícito a políticos, donde el caso más emblemático es la cadena de pagos que Corpesca realizó al senador UDI Jaime Orpis, hoy en prisión preventiva. «No queremos que aquellos derechos de pesca que han sido obtenidos mediante un acto de corrupción se mantengan», indica Núñez.
Con todo, afirma un asistente a la reunión, la posición del Gobierno no iría por esa línea.
Indicación sustitutiva
Pese a las diferencias, Céspedes destaca el avance en las tratativas: «Hemos comprometido un trabajo serio y responsable y seguiremos trabajando en la misma lógica». Si bien admite que los plazos podrían extenderse, subraya que «en los términos de lo que comprometimos inicialmente, que es tener una visión más general de los temas, estamos avanzando decididamente».
Súnico es más cauto: «Lo importante es el nivel de acuerdo que se alcance para disponer de las mayorías necesarias para introducir las modificaciones que se requieren».
Para avanzar en un acuerdo, apunta la senadora Muñoz, «deberíamos trabajar todo agosto para debatir y tomar decisiones. El proyecto de ley podría estar más cerca de septiembre, si alcanzamos». Esto, pues se trata de un mes complejo, ya que tendrá lugar la fase final de diseño del proyecto de Ley de Presupuesto 2017, que debe ingresar al Congreso hasta el 30 del mes.
Además, antes de avanzar en un proyecto, el Gobierno quiere tener el informe final de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) con recomendaciones para perfeccionar la norma desde la sustentabilidad. El texto sería entregado en agosto.
Para reemplazar la actual normativa, una de las opciones que analizaría el Ejecutivo es presentar una indicación sustitutiva a la moción senatorial y no enviar un proyecto. «Estamos evaluando las materias y una vez que terminemos el análisis tomaremos las decisiones. Recién ahí veremos los instrumentos mediante los cuales implementaremos las acciones», indica Céspedes.
La próxima cita agendada es el martes 2 de agosto, a las 15:30 horas, en el Congreso. Pero los senadores pidieron cambiar la fecha, pues tienen sesión en la sala.
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