La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados abordó junto con el subsecretario del ramo, Román Zelaya, y al jefe de División Jurídica del organismo, Luis Orellana, antecedentes de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) por dos empresas pesqueras por la denominada Ley de la Jibia.
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Dicha normativa prohíbe la pesca de la jibia o calamar gigante con otro procedimiento que no sea la línea de mano o potera, impidiendo el uso de medios industriales para su captura, por ejemplo, la pesca de arrastre. Este hecho es cuestionado por las compañías que buscan revertir la normativa, recurso que, por otra parte, es rechazado por los pescadores artesanales que se han manifestado en diversas caletas del país.
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El subsecretario de Pesca y Acuicultura explicó que se trata de dos requerimientos que tienen diferencias jurídicas: uno de la empresa Landes, en que asumen la defensa; y otro de la empresa PacificBlu, que es asumido por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Zelaya agregó que han ejercido sus atribuciones y hecho respetar la ley vigente de la jibia, con certificados que señalan que se debe dar cumplimiento a la normativa, lo que ha generado consecuencias jurídicas.
La autoridad valoró positivamente contar con el apoyo de la Cámara de Diputadas y Diputados y la mesa del Senado, quienes también se harán parte en la defensa ante el TC. «Es útil tener apoyo, pero coordinado», manifestó.
Luis Orellana, por su parte, explicó la cronología en la presentación de los requerimientos. Informó que el de la empresa Landes comenzó primero como un recurso de protección, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. A la hora siguiente, se presentó el requerimiento ante el TC, donde se alega que se afecta el libre ejercicio de una actividad económica lícita, el derecho de propiedad y la afectación de derechos en su vigencia.
El jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) también comunicó que el otro requerimiento fue presentado por PacificBlu un mes después del primero. Ambos fueron acogidos por el TC.
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Reacciones
El presidente de la instancia, diputado Luis Rocafull (PS), argumentó que los requerimientos ante el TC vulneran el trámite de la ley que contó con apoyo transversal en un debate democrático, donde el organismo no cuestionó nunca esta normativa.
Por su parte, el legislador Gabriel Ascencio (DC) consideró que, antes de ir al TC, se necesita un recurso de protección que haya sido acogido. “Me temo que nos vamos a enfrentar no solo a la aplicación del derecho, sino a otros intereses que van a primar”, recalcó.
Mientras, el diputado Francisco Undurraga (Evopoli) -quien además es vicepresidente de la Cámara- dijo que están a la espera del informe que prepara la Corporación para defender la ley y enfrentar este requerimiento.
En tanto, Jaime Tohá (PS) consideró que “si el TC tiene la osadía de anular esta ley, eso tendría consecuencias irreversibles al interior del sector pesquero”.
La Comisión espera escuchar, este miércoles 17 de junio, al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros -o a quien él designe-, para que se refiera a la defensa de la constitucionalidad de la Ley de la Jibia.