(La Tercera) Nuevos antecedentes obtenidos desde la investigación del caso Corpesca y de la indagatoria contra la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), llevó al fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, a abrir una nueva arista y designar a dos fiscales adjuntos para investigar.
De acuerdo con fuentes ligadas a la indagatoria, el ex persecutor del caso SQM habría encontrado indicios que vincularían a otras pesqueras con presunto financiamiento irregular de la política.
Según la resolución 107-2016, del 18 de julio, el fiscal regional designó al fiscal del caso Caval, Sergio Moya, y a su par de la fiscalía de Rancagua, Marcia Allendes, para investigar. Según se explicita en el escrito, la designación tiene por objeto «desarrollar nuevas diligencias de investigación respecto a nuevos antecedentes que han surgido».
De esta forma, la jefa de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, fiscal Ximena Chong, seguiría a cargo de Corpesca, pero Arias y este nuevo equipo, serán los encargados de indagar los nuevos antecedentes.
Según otro escrito firmado por Arias dos días después de la designación de Moya y Allendes en esta nueva arista -y que fueron incluidos en la carpeta investigativa del caso Corpesca-, se decretó reserva a una serie de «antecedentes compulsados desde la investigación RUC N° 160065878-2». Esto es, antecedentes extraídos de otra causa que hoy radica en la Región de Aysén y que investiga los pagos solicitados a un empresario por el senador DC Patricio Walker, en favor del diputado y entonces dirigente gremial, Iván Fuentes. Según se hizo público hace algunas semanas, el dinero que recibió Fuentes se habría generado desde una empresa asociadas a la Fipes.
La indagatoria de Aysén incluye además al senador Antonio Horvath, luego que trascendiera que este habría ayudado a ingresar a la Comisión de Pesca a una ex ejecutiva de la asociación en momentos en que se tramitaba la Ley de Pesca.
Entre las diligencias decretadas secretas por un plazo de 40 días, y que corresponden a las primeras pesquisas de esta nueva arista que investiga Arias, se incluyen antecedentes entregados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a través del sistema de consulta integrada entre el 15 y el 18 de julio de este año. Asimismo, se agregan requerimientos de información de contribuyentes al ente recaudador solicitados el 19 de julio.
Se suma a estas diligencias una orden de investigar y dos instrucciones particulares a la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, instruidas ambas entre el 18 y 19 de julio.
La fiscalía también pidió a la policía realizar un levantamiento de información para identificar ciertas empresas vinculadas al ejercicio pesquero en Chile.
También en reserva quedaron dos requerimientos de información al Congreso: uno a la Cámara de Diputados y otro al Senado. Ambos datan del 19 de julio pasado, y los dos buscan conocer la lista de asesores de congresistas vinculados a las comisiones de Pesca de cada Cámara, en momentos en que se tramitó la llamada «Ley Longueira».
Quienes conocen el mercado de pesca de Chile, explican que tres grandes agrupaciones englobaban a la industria pesquera en la época en que se tramitó esta ley: Asipnor, que incluye a empresas como Corpesca. Fipes, donde está hoy Fisur, Emdepes y Pesca Chile. Y Asipes, donde hoy se agrupan Blumar, Camanchaca, Foodcorp, entre otras.
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