(La Tercera) Una nueva arista se encuentra investigando la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Centro Norte, en el marco del caso Corpesca. La indagatoria, que mantiene en prisión preventiva al desaforado senador Jaime Orpis -por presunto cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios- analiza la eventual responsabilidad del ex ministro de Economía, Fomento y Turismo Pablo Longueira en la presunta obtención irregular de dineros provenientes de empresas pesqueras.
En medio de esta investigación, Longueira declaró el 21 de marzo en calidad de testigo. Sin embargo, detallan fuentes de la causa, las nuevas pesquisas dirigidas por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, y la jefa de Alta Complejidad de la zona Centro Norte, Ximena Chong, buscan determinar los montos, origen y destino de los presuntos traspasos de fondos al entorno del ex congresista. Este, junto a otros antecedentes recabados por la fiscalía, llevaron a otorgarle a Longueira la calidad de imputado en esta arista.
Las primeras luces que llevaron al Ministerio Público a realizar nuevas pesquisas surgieron el 6 de marzo, cuando la fiscal Chong pidió al subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Bernardo Lara, entregar información sobre todas las boletas de honorarios emitidas -a la fecha- por los hermanos Nicolás y Gustavo Guiñez, ligados a la Fundación Chile Justo, creada por el ex senador gremialista.
Quienes conocen el tenor de las pesquisas detallan que el objetivo era averiguar si ambos abogados -investigados en el caso SQM por la presunta emisión de documentos falsos a la minera y a otras empresas- recibieron pagos de la pesquera para entregarlos al entorno del ex senador.
En el marco de la investigación del caso SQM, Nicolás Guiñez declaró que emitió una presunta boleta ideológicamente falsa por $2,2 millones a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), el 29 de octubre de 2009. En tanto, Gustavo Guiñez contó a la fiscalía que emitió una boleta por supuestos servicios no prestados a la Pesquera El Golfo.
En ese contexto, el 19 de abril la fiscal Chong volvió a solicitar al SII un informe apuntando a nuevos nombres ligados a Longueira. Se trata de contribuyentes que obtuvieron pagos de SQM según la denuncia del 2 de abril de 2015, algunos de los cuales declararon haber recibido dinero de empresas y asociaciones gremiales del rubro pesquero.
Esta nómina incluye a Solange Hermosilla, Sebastián Prat, Alfonso Mora, Ana Carolina Palacios y a Pamela Cristina Campos. Todos ellos fueron citados por el Ministerio Público. Estos pagos, según el testimonio de los emisores, habrían sido gestionados por Carmen Luz «Titi» Valdivielso, ex asesora de Longueira.
Para el abogado Matías Ramírez, querellante en el caso Corpesca, «los pagos ilegales recibidos por el imputado Longueira por parte de la Asipes deben ser indagados tanto en sus actuaciones como senador y ministro de Estado, especialmente en este último cargo donde resultó ser uno de los precursores de la actual Ley de Pesca que favoreció de manera directa a la industria pesquera».
Para el abogado Carlos Hidalgo, de la Fundación Ciudadano Inteligente y también querellante en el caso, el hecho de que «el señor Longueira esté siendo investigado como imputado por delitos tributarios, relacionados a asociaciones pesqueras viene a reafirmar que el ex senador y después ministro, claramente estaba siendo objeto de pagos por distintas empresas para que actuara en su calidad de funcionario público en beneficio de ellas».
Consultada la defensa de Longueira, manifestó que quería conocer los antecedentes antes de pronunciarse.
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