(El Mercurio) El pasado martes 13 de septiembre, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo -quien está a cargo del caso Corpesca-, envió un oficio al director del Servicio de Impuestos Internos (SII) de la Región del Biobío solicitando una serie de antecedentes.
Entre ellos, pidió la copia de las boletas electrónicas de honorarios y facturas de ventas, entre los años tributarios 2009 y 2016, de 16 empresas ligadas al mundo pesquero. Ellas son Pesquera Bío Bío, Blumar, Orizon, Lota Protein, Enapesca, Alimar, Bahía Coronel, Landes, Coloso, Grimar, Los Fiordos, Camanchaca, Cannex, Food Corp, Congelados del Pacífico y Alimentos Mar Profundo.
Pero también solicitaron información de dos asociaciones gremiales: la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). Gran parte de las compañías respecto de las cuales se pidieron antecedentes al SII pertenecen a la primera agrupación.
El fiscal también requirió las declaraciones de impuesto, rectificaciones que se hubiesen realizado, y si hubiera declaraciones juradas sobre donaciones para fines políticos.
Además, solicitó las declaraciones juradas entre ambos años de Gustavo Guiñez Ramírez, Nicolás Guiñez Ramírez, Sebastián Prat Pratt y Alfonso Mora Domínguez, todos quienes habrían boleteado para diferentes pesqueras.
Al mismo tiempo, Contardo ofició a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI para que remita la lista de asesores de legisladores integrantes de las comisiones de Pesca durante 2009 a 2015, y también del listado de asesores de congresistas integrantes de la comisión mixta durante ese tiempo.
«Todo, a fin de determinar si existen vinculaciones relevantes para la indagatoria entre estas personas, cruzando la información recabada con documentación contable y registro de boletas incautadas voluntaria o forzosamente a empresas pesqueras y asociaciones gremiales», dice el documento.
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