(Pulso) Bajo la más absoluta reserva, el equipo liderado por el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, ha venido trabajando en una investigación por eventuales conductas anticompetitivas en el mercado de compra de materia prima para la producción de harina y aceite de pescado.
El proceso surgió tras una denuncia de un pescador artesanal de la Región del Biobío que mantiene contratos desde 2004 con Alimar -firma controlada por el empresario Roberto Izquierdo Menéndez- en los cuales se estableció el préstamo de dinero para la adquisición de un barco, teniendo como contraprestación la entrega exclusiva y directa de pescado para la fabricación de harina o aceite solo a dicha compañía.
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El 14 de enero del presente año el pescador presentó el requerimiento y el 26 de abril la entidad antimonopolio decidió formalizar la investigación. Si bien la denuncia inicial solo vinculaba a Alimar, la entidad persecutoria decidió oficiar además a Blumar, Pesquera Landes, Lota Protein y Bahía Coronel, entre otras empresas.
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De hecho, durante estos días la Fiscalía se encuentra oficiando a varias pesqueras que operan entre las regiones de Valparaíso y de Los Lagos.
En esta línea, hace algunas semanas la FNE inició los primeros contactos de manera verbal con los máximos ejecutivos y empresarios de la pesca industrial que operan en la macro-zona de las regiones de Valparaíso y Los Lagos, lo que derivó en un oficio a las principales empresas del sector. La denuncia que originó la investigación, firmada por el abogado Luis Apablaza, cuestiona que Alimar ponga como garantías para los diversos contratos que mantiene con los pescadores artesanales los permisos de extracción otorgados por la autoridad. A su juicio, esto tiene directa relación con la denominada Ley de Pesca.
Además, se acusa una eventual concertación de precios para la compra de la producción desde los grandes operadores a los artesanales.
«La puesta en marcha de la Ley de Pesca facultó a las pesqueras a embargar todo tipo de permisos. De hecho, hubo una modificación de los contratos que tenían celebrados, en los cuales antiguamente no se ponía el permiso de pesca como garantía de cualquier cosa. Hoy los permisos de pesca incluso están en riesgo», advirtió el profesional.
Oficios
«Esta Fiscalía estima necesario analizar los eventuales efectos anticompetitivos que pudiesen surgir de las condiciones contractuales bajo las cuales se produce la compra y venta de pescado. Esto por la existencia de presuntas prácticas que pudiesen estar distorsionando la libre competencia en el mercado de la compra de insumos a pescadores artesanales para la elaboración de harina y aceite de pescado en la macro-zona de las V a la X Región”, sostiene la resolución de la FNE, la que aún no se hace pública y a la que tuvo acceso Pulso.
El objetivo de la indagatoria es «establecer o descartar la presencia de algún hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos», sostiene la resolución firmada por el fiscal Irarrázabal y en la que resuelve iniciar la investigación.
A diferencia del proceso de justicia penal en el que las partes pueden tener acceso a la carpeta investigativa, los procedimientos que lleva adelante la FNE se rigen bajo total hermetismo. Solo se hacen públicos sus movimientos una vez que archiva una investigación o denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sin embargo, el trabajo previo lo había realizado la División de Abusos Unilaterales de la FNE.
Desde la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) evitaron referirse a la investigación.