(Diario Financiero) Resignado dice estar un sector de la Nueva Mayoría (NM) con la «pasividad que el Gobierno ha tenido con la Ley de Pesca. El Ejecutivo se comprometió a revisar la normativa y para eso ha encargado informes, por ejemplo al abogado constitucionalista de la DC, Patricio Zapata. Sin embargo, la postura de no tocar la cuestionada legislación se ha impuesto, especialmente en el Ministerio de Economía.
Así lo ratificó el diputado socialista Leonardo Soto, quien preside temporalmente la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, instancia donde se debate la moción presentada por legisladores del Partido Comunista, el PPD y el Partido Radical, que pretende anular la denominada «Ley Longueira».
«El Gobierno nos ha dicho que nuestra legislación no permite que una ley sea anulada por otra, y que los efectos de eso tampoco están previstos en la institucionalidad. Esa afirmación significa que el fraude legislativo puede ser validado, algo que escapa al sentido común», sostuvo Soto.
Para el legislador, «es completamente constitucional que una ley pueda anular otra que fue aprobada con evidentes indicios de fraude legislativo», como la Ley de Pesca, normativa que fue respaldada, por ejemplo, por el desaforado senador Jaime Orpis, ex militante de la UDI que se encuentra con arresto domiciliario total por recibir millonarios pagos de Corpesca -controlada por el grupo Angelini- en plena tramitación de la normativa; y por Marta Isasi, ex diputada independiente investigada por cohecho, que también recibió recursos de Corpesca.
La tesis que considera no solo posible, sino que pertinente anular la Ley de Pesca es respaldada por el profesor e investigador del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, Matías Guiloff, quien sostuvo en la Comisión de Constitución que «considerando el principio democrático del artículo 4to de la Constitución no solo como retórica, sino que para interpretar el texto constitucional, el Congreso es el órgano que puede no solo crear leyes, sino que también extinguirlas».
Una apreciación distinta tiene el diputado de la DC Aldo Cornejo, quien también integra la Comisión de Constitución. El legislador, que reconoce haberse ausentado de todas las sesiones donde se ha discutido la anulación, asegura que «esa figura no existe en el actual ordenamiento jurídico» y que, además, «eso configuraría un precedente que contribuiría a la incerteza jurídica».
Lo mismo opinó el jefe de la bancada de diputados del PPD, Ramón Farías, quien se mostró partidario de modificar, pero no anular la Ley de Pesca, afirmando que «eso podría llevar a anular cualquiera ley y eso provocaría un caos».
El diputado de la DC y miembro de la Comisión de Constitución, Ricardo Rincón, manifestó que «lo peor sería negarse al debate».
Más duro fue el comunista Hugo Gutiérrez, quien dijo «entender que la UDI se reste del debate, porque ampara a un senador que fue coimeado, pero no a legisladores de la NM, que en lugar de escuchar se restan».
«Una forma de prevenir, anticipar o sancionar un fraude a una ley, provocado por parlamentarios que fueron sobornados por el poder económico, es la nulidad», subrayó Gutiérrez.
Patricio Zapata, junto a otros abogados, como Arturo Fermandois, Eduardo Soto y María Cecilia Villablanca, también expondrán en la Comisión de Constitución.
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