Tras cumplir con el proceso de evaluación, a cargo de la empresa MC Compliance, PacificBlu certificó por dos años su Modelo de Prevención de Delitos. De esta forma, la empresa de alimentos del mar ubicada en la ciudad de Talcahuano, región del Biobío, prueba la efectividad de sus estándares y la implementación de su Modelo. Según aseveró su gerente general, Marcel Moenne, «reafirmamos con esto nuestro compromiso por llevar adelante las mejores prácticas corporativas y la ética en todos nuestros negocios».
En esa línea, con esta certificación PacificBlu acredita de manera voluntaria cumplir lo requerido por la Ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y que establece desde 2009 la eventual penalización de las empresas frente a delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros y receptación de especies robadas.
El Modelo implementado por la compañía, que tiene dentro de sus marcas Alcopa y El Golfo, contiene un conjunto de herramientas y actividades de control, ya sea de carácter preventivo, correctivo y de supervisión, entre las que se cuenta la habilitación de un canal de denuncias, la capacitación a sus trabajadores y contar con un encargado de prevención del delito.
Moenne afirmó que «parte de nuestros valores como compañía es la integridad y esta certificación demuestra que estamos en línea con las mejores prácticas corporativas a nivel mundial así como también con las exigencias de un nuevo estándar corporativo que exige la sociedad en su conjunto al sector privado».
El ejecutivo agregó que, «cabe destacar que la certificación no es una obligación que establece la legislación sino que es una decisión voluntaria para que un tercero independiente acredite que el Modelo de Prevención del Delito adoptado cumple con los estándares y exigencias requeridos en la norma».
Para el caso de PacificBlu, fue MC Compliance la certificadora experta, empresa que está inscrita y habilitada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para certificar la correcta implementación y vigencia del Modelo en empresas nacionales.
Ley 20.393
El establecimiento de la Ley 20.393 surgió en nuestro país a partir de convenciones internacionales (en particular la convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales), entre otras iniciativas de probidad y transparencia impulsadas para asegurar el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas estableció como condición para sancionar penalmente a las compañías, que estos delitos fueran cometidos: en beneficio de la empresa; por sus dueños, administradores o quienes obran bajo su dirección.
La adopción de modelos de prevención de delitos, que promueve esta ley, persigue justamente acreditar el efectivo cumplimiento de los deberes de supervisión y dirección que corresponde a los dueños y alta dirección de las compañías.
«La certificación de estos modelos de prevención permite corroborar, mediante el juicio de un tercero independiente, la eficacia de dichos modelos y en caso de detectar deficiencias, emitir un programa de remediación para alcanzar el nivel requerido para su efectiva operatividad», destacaron desde PacificBlu.