En relación a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), el diputado Juan Morano junto a sus pares Iván Flores y Yasna Provoste presentaron un proyecto de ley sobre los denominados contratos a la parte, suscritos entre armadores y tripulantes y que formalizan los acuerdos de reparto de utilidades y gastos a descontar.
Al respecto, el diputado Morano argumentó que «con este mecanismo el legislador intentaba regular una práctica que forma parte de la cultura pesquera artesanal, en cuanto a la prestación de los servicios y el reparto de utilidades entre los armadores y los tripulantes. Sin embargo, en su aplicación, la norma carece de precisión, lo que permite en casos excepcionales el abuso de algunos armadores al descontar en proporción distinta a la debida los gastos generales que la ley autoriza».
Desde el punto de vista del reparto de las utilidades, que las partes deben determinar antes del viaje de pesca, entre ellas cómo se distribuirá el resultado de la operación y los gastos que se descontarán, Morano explicó que «los gastos a descontar deben ser coherentes con el porcentaje del reparto de las utilidades de las operaciones, es decir, si el contrato a la parte establece que las utilidades se repartirán un 60% para el armador y 40% a la tripulación, entonces los gastos se deben distribuir de igual forma. Si los gastos se distribuyen 50% al armador y 50% a la tripulación, entonces las utilidades deberían repartirse de la misma forma, lo que por cierto no ocurre ya que ambas partes reconocen que el 60% y 40% es lo adecuado».
Por lo anterior, los diputados solicitaron el siguiente proyecto de acuerdo: «Conforme a la costumbre la distribución de las utilidades se realiza de la siguiente forma, un 60% para el armador y un 40% para la tripulación, y bajo la misma proporción se deben descontar los gastos operacionales».