Desde que fue publicada la autorización por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) del Plan de Reducción del Descarte, el pasado martes 8 de agosto, los pescadores alzaron la voz para denunciar que la medida había sido tomada unilateralmente y que contemplaba aspectos que harían retroceder las condiciones operacionales de quienes trabajan los productos. Además, aseguran que muchas de estas no se pueden llevar a la práctica.
Así lo sostuvo Pedro Irigoyen, armador pelágico y presidente del Sindicato Sarpar de Talcahuano (región del Biobío), quien argumentó que «desde el punto de vista productivo, el Plan de Reducción es un desastre porque se presentan planteamientos de operación que no son factibles. Durante el tiempo que se manejó el proyecto de descarte, que terminó en julio, se aplicó una medida de mitigación que establece que la pesca debe ser en común; el querer establecer cuotas por separado va en contra de la posibilidad de realizar la actividad», añadió.
La posición de los pescadores se sustenta en que al momento de capturar las especies no pueden estimar a priori cuál es la cantidad de sardina o de anchoveta pescada, cifra que -según puntualizan- solo es calculable una vez que las especies estén dentro de la bodega. El problema de esto, en palabras de Irigoyen, es que «si no se corrobora con exactitud el monto de la cuota al llegar al puerto, esto significará que se nos sacarán multas millonarias, imposibles de pagar».
Sumado a lo anterior, otro de los puntos que tienen disconforme al sector productivo es la ambigüedad en la redacción en los temas concernientes a las propuestas de las medidas de mitigación, como es el establecimiento de cierre espacio-temporal de las zonas de pesca. Durante las conversaciones que se establecieron en el Plan de Reducción de Descarte, el Comité estableció que cuando se encontraran especies que no correspondían, se les daría aviso a los capitanes de puerto para que las embarcaciones se alejaran de la zona. Este acuerdo iba a quedar en el contexto de las buenas prácticas, pero la Subpesca optó por incorporarla como obligatoria.
«Esta medida va en dirección opuesta a la realidad de los códigos de buenas prácticas de otros países, donde se establece que este tipo de normativas son de carácter voluntario», subrayó el dirigente, añadiendo que por «estas y otras incongruencias» es que todos los integrantes del Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta de las Regiones de Valparaíso a la de Los Lagos decidieron presentar en el Congreso un recurso de reposición para dejar sin efecto al Plan de Reducción del Descarte por faltas a normas de procedimientos esenciales, entre las cuales está que la Subpesca no consideró el rol vinculante de dicho Comité ni la disconformidad que planteó sobre el borrador del proyecto.
Esta situación es la que genera molestia en el sector productor, quienes sienten que fueron utilizados para validar un trabajo que definieron unilateralmente. «No entiendo cuál era el objetivo de tenernos reunidos durante meses y de trabajar en conjunto, si al final primó lo que ellos opinaban y que estaba en total desacuerdo de lo que proponía el Comité», manifestó Victoria Rubio, miembro del Comité y presidenta del Sindicato Siparmar de Talcahuano.