Esta semana, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de la empresa Nova Austral y de todos aquellos que resulten responsables por su participación, en cualquier calidad, de los delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, previsto y sancionado en el artículo 470 n°8 del Código Penal, en relación con el artículo 467 del mismo cuerpo legal. El CDE cuantificó el perjuicio por las acciones fraudulentas de la salmonicultora de capitales noruegos en exactamente $59.580.971.043 (cincuenta y nueve mil quinientos ochenta millones, novecientos setenta y un mil cuarenta y tres pesos)
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El juez de Garantía de Porvenir, Pablo Aceituno, acogió la medida precautoria que solicitó el CDE -lleva la firma de Paula González Cáceres, abogado procurador fiscal (s) Punta Arenas- y retuvo a la compañía casi $7 mil millones en el marco de la querella de 28 páginas, que aborda los requisitos esenciales que se deben cumplir para tener derecho a las franquicias de la Ley Navarino, como que Nova Austral, «en el desarrollo de su proceso productivo, efectúe un uso racional de los recursos naturales, tendiente a la preservación de la naturaleza y del medio ambiente».
Entre las numerosas diligencias solicitadas a la Fiscalía, figuran la petición de informes al Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas y Tesorería, además que se instruya a la PDI investigar -con orden amplia- el estado patrimonial de la compañía y de los querellados, desde el año 2015 a la fecha.
La empresa interpuso un recurso de reposición, pero como el magistrado mantuvo la medida, el tema lo deberá zanjar la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
En la querella, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que Nova Austral, al menos desde el año 2016, ha percibido el beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, «no obstante no haber ceñido su actividad económica a los márgenes que la legislación exige para el otorgamiento de dicha bonificación, al no haber dado cumplimiento a la obligación de efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región, preservando la naturaleza y el medio ambiente, ya que en el desarrollo de su proceso productivo, entre los años 2016 a 2019, proporcionó información falsa al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en relación con la mortalidad, siembra, cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva, que ha redundado en un impacto negativo al medio ambiente y que, a mayor abundamiento, ha procurado ocultar a través de la adulteración del lecho marino».
El recurso judicial del organismo fiscal va dirigido contra Arturo Schofield Muga, Drago Covacich McKay, Nicos Nicolaides Bussiemius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio, y en contra de todos quienes resulten responsables por su participación en los delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones.
«Actividades perjudiciales»
Para Greenpeace, que ha estado trabajando en la zona para detener la expansión de la salmonicultura, el «problema de fondo es que resulta un sinsentido que el Estado bonifique a una industria que genera daños y perjuicios sobre el territorio, con recursos de todas las chilenas y chilenos que podrían ser destinados por ejemplo, a la construcción de hospitales. Hay un doble problema, por un lado la entrega de bienes comunes como el mar a este tipo de empresas y por otra, el incentivo estatal al desarrollo de actividades perjudiciales».
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«Nos parece clave este paso que ha dado el Consejo de Defensa del Estado al querellarse contra una empresa como Nova Austral que efectivamente atenta contra el país, ya que sistemáticamente realiza acciones fraudulentas afectando el medio ambiente y comunidades. Existen doce centros de la empresa en la zona que han reportado falta de oxígeno, lo que es muy dañino para el ecosistema. En este caso, la gravedad está en que lo hacen dentro de un parque nacional de la Patagonia y con daño directo y malintencionado por alterar los fondos marinos de estos lugares protegidos con tal de buscar beneficios productivos», manifestó la coordinadora de la campaña Océanos de Greenpeace, Estefanía González.
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