Chile será sede de la próxima reunión de los integrantes del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), que busca prevenir, desincentivar y eliminar la pesca ilegal.
Las sesiones se realizarán entre el 3 y el 7 de junio de este año en el hotel Crowne Plaza de la ciudad de Santiago, región Metropolitana.
El objetivo de ese acuerdo, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), es impedir que los buques implicados en este ilícito utilicen los puertos para desembarcar sus capturas.
Así, el AMERP -del que Chile forma parte junto con otros 59 países- busca frenar el comercio de productos derivados de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Esa actividad amenaza directamente la conservación de los recursos marinos, al propiciar su sobreexplotación.
En el marco de la reunión en Santiago, los países miembros del AMERP, pronunciarán una declaración oficial sobre los compromisos -de carácter vinculante- alcanzados en las sesiones.
El combate contra la pesca ilegal es una de las prioridades de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), aseguran en el Ejecutivo.
El subsecretario de dicho ente estatal, Eduardo Riquelme, ha planteado que este ilícito, además de dañar gravemente los ecosistemas marinos, genera pérdidas económicas cuantiosas y amenaza la salud pública.
El AMERP contribuye a la conservación y al uso sostenible de los recursos marinos. Este instrumento entró en vigencia hace tres años y la primera reunión de partes se realizó en Oslo, Noruega, en mayo de 2017.
«La celebración de esta reunión en Santiago visibilizará el compromiso de Chile en la lucha contra la pesca ilegal, en el concierto latinoamericano», enfatiza la Subpesca.
El desarrollo de la reunión coincidirá con el «Día internacional de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada» (5 de junio), establecido en 2017 por la Asamblea General de la ONU.
Se espera que a esta segunda reunión de los países signatarios de la AMERP acudan unas 300 personas, entre representantes nacionales, miembros de la FAO y de otras organizaciones vinculadas con el tema.