En las últimas semanas la jibia ha estado en la palestra de las conversaciones, siendo un factor de división en el rubro pesquero. Es que de acuerdo con el proyecto de ley presentado por los diputados Víctor Torres y Daniel Núñez, el recurso debería ser extraído por línea de mano como único arte de pesca.
Actualmente, la cuota total de jibia es de 200.000 toneladas, distribuidas el 20% para los industriales y el 80% restante para los artesanales. Si bien estos últimos solicitaron la totalidad de las capturas, no se les concedió. Por lo mismo, apoyan este nuevo proyecto que permite la extracción con potera, herramienta que solo puede ser utilizada por el sector artesanal, dejando fuera a la pesca de arrastre.
¿Qué conllevaría esta medida? Según la PescaPyme, más de 1.400 personas, directa e indirectamente, se verían afectadas perdiendo su fuente laboral solo en la comuna de Talcahuano.
«Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que ofrecemos servicios a la industria pesquera, ya sea en descarga, transporte, tripulación o redes, seríamos desvinculados y quedaríamos sin recursos para mantener a nuestras familias», sostiene el presidente de la entidad gremial, Yury Salinas.
Las principales empresas que trabajan la jibia con pesca de arrastre son Pacific Blu, Alimar y Landes. «Estas tres se verían forzadas a cerrar sus puertas definitivamente, dejando sin trabajo a más de 60 empresas que han asumido labores, tras los procesos de tercerización, que han vivido en los últimos años», asegura el dirigente de la PescaPyme, quien añade que el número es «mucho mayor» a 1.400 si se considera a los funcionarios de planta de las mismas empresas.
Por otro lado, si los artesanales quedan a cargo de las 200.000 toneladas -afirma Salinas- mucha cuota se perdería, ya que no cuentan con la capacidad para pescar esa cantidad. De igual manera, agrega el gremialista, las actuales plantas que trabajan este recurso no podrían subsistir solo con lo que entregaría ese sector, por lo que, además a las pymes que cerrarían sus puertas, y el personal embarcado, se suman los más de 500 funcionarios de estas plantas.
«Estamos de acuerdo en que el recurso debe ser protegido para que dure más tiempo, pero esta no es la forma, ya que solo aumentará los índices de cesantía de la zona. Es así como sumando el total, podemos superar las 5.000 personas que quedarían sin ingresos solo en una comuna de la región, por lo que esperamos que los legisladores tomen estas cifras en consideración al momento de analizar el proyecto», concluyó Salinas.