«Es un paso significativo hacia la consolidación de la institucionalidad ambiental, que diseñó la Presidenta Bachelet en su primer Gobierno. Este dota al Ministerio del Medio Ambiente de la capacidad para llevar a cabo en forma centralizada las competencias para fiscalizar y sancionar aquellos actos de personas o empresas que puedan dañar la biodiversidad, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas», manifestó el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, tras la aprobación en forma unánime en la Comisión de Medio Ambiente del Senado del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Esta iniciativa legal tiene por objetivo la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.
El subsecretario del Medio Ambiente, Jorge Canals, destacó que el proyecto «se despacha con el respaldo de un trabajo bastante serio, sistemático y en conjunto con los senadores. Se aprobaron gran parte de las indicaciones, muchas de estas recogidas de una consulta indígena inédita, lo que le da fuerza a un proyecto de ley de trabajo participativo, que viene a reforzar el legado ambiental de la Presidenta Bachelet».
El SBAP será un servicio público que liderará la gestión para la conservación de la biodiversidad, a través de instrumentos idóneos para promover la preservación, la restauración y el uso sustentable de la biodiversidad en todo el territorio nacional, contribuyendo así con el desarrollo sustentable del país. Se espera desarrollar diversos instrumentos económicos que incentiven la participación transversal de las comunidades y el sector privado.
El senador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Patricio Walker, aseguró que escucharon a «toda la comunidad científica y todos aquellos que están comprometidos con el trabajo de conservación de la biodiversidad en Chile. Estamos dando un paso más para lograr un servicio nacional de biodiversidad de primer nivel, gracias al trabajo de los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con mis compañeros parlamentarios».
Por su parte, la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Alejandra Figueroa, complementó que en dicha comisión se desarrolló una «acabada discusión con distintos actores vinculados a esta materia», entre ellos científicos, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs), comunidades indígenas, privados, sindicatos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y autoridades.
«El paso siguiente en la tramitación legislativa es la aprobación por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, para posteriormente pasar a la discusión en sala por parte de los senadores», precisó.
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