La Convención de Washington y «los resultados de una consulta indígena»; el «desconocimiento de los derechos de pesca y recolección de los Kawésqar»; así como «daños a la flora y fauna marina» y «las condiciones anaeróbicas de la salmonicultura», fueron solo algunos de los argumentos expuestos por diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la Comunidad Indígena Kawésqar, ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura -presidida por la senadora Ximena Rincón- instancia que, en su última sesión, se abocó a recibir información respecto de los criterios de relocalización de concesiones acuícolas en el sur-austral del país.
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Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Eugenio Zamorano, jefe de la División de Acuicultura, expuso sobre las concesiones de salmónidos en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, lugar que concentra el 10% de las operaciones salmonicultoras en mar, con unas 130 concesiones y de estas 57 están en la Reserva Nacional Kawésqar.
En la misma línea, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Ramón Zelaya, adujo que «se está ante relocalizaciones y no nuevas concesiones».
ONGs
Desde la ONG FIMA, Ezio Costa enfatizó que «la Reserva Nacional Kawésqar está creada para proteger las aguas; además de la relación intrínseca entre el pueblo y el mar. Cuando se crea esta reserva entendemos que ciertas actividades, como la salmonicultura, quedan al margen; de lo contrario se contravienen convenios como el de Washington (…) Además, la consulta indígena que se realizó durante la creación de la Reserva está expresada como parte de los compromisos que el Estado acordó manteniendo ciertas actividades tradicionales, pero que no se iban a incorporar otras actividades industriales».
Luego, Florencia Ortúzar de la ONG AIDA aludió a la generación de condiciones anaeróbicas que se dan en Magallanes y manifestó que es «grave que no ha sido abordado, ni por autoridades, ni por empresas, porque es la cantidad de peces que se ponen por jaula, y no hay respaldo científico sobre cómo se está generando esta industria (…). El tema se ha tomado con poca seriedad, porque causa muerte, cuando se deja de tener oxígeno, destruyendo la diversidad marina». A su vez, constató que se está incumpliendo el derecho internacional, además de la Convención de Washington, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención sobre Conservación de Especies Migratorias, la Convención Ballenera Internacional y la Convención sobre Derechos del Mar.
Desde Greenpeace, Estefanía González recordó los problemas de la empresa Nova Austral. «La Contraloría ha dicho que solo se aprobará la acuicultura compatible con la preservación y no la intensiva que está generando constantes desastres ambientales. Acá también hay una deuda histórica», argumentó.
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Leticia Caro, en representación de la Comunidad Indígena Kawésqar y de Grupos Familiares Nómades del Mar, hizo presente las irregularidades que, a su juicio, se han dado en el sector y reivindicó los derechos para «crecer en una vida digna y ocupar espacios ancestrales. Tenemos una relación directa con el medio marino y sus recursos. No se respetan nuestros derechos al estar aprobando concesiones»; además cuestionó la consulta indígena, que, según dijo, no se habría efectuado como tal.
Tras las intervenciones, la senadora Ximena Rincón subrayó que es relevante que la Subpesca entregue antecedentes de lo planteado y se detallen los criterios para la relocalización. «Lo que se ha señalado acá es grave, no lo podemos dejar pasar sin que se den explicaciones», enfatizó.
Para el senador Kenneth Pugh, el tema de fondo es desarrollar la mejor legislación con un desarrollo sustentable; mientras que el senador David Sandoval abogó por la compatibilidad. Por su parte, el senador Rabindranath Quinteros solicitó que la Comisión sesione una vez a la semana con el fin de abordar estas materias con el tiempo suficiente y avanzar, también, con los proyectos de ley.
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Reineta
En otra materia, se escuchó a pescadores artesanales de Lebu (región del Biobío), representados por Lester Chávez, quien acusó malas prácticas en la captura de la reineta por parte de la empresa Friosur. Según puntualizó, «hay un marco jurídico de la región de Los Lagos hacia el sur y otro de la región de Los Lagos hacia el norte».
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«Aquí se ha hecho una norma a la medida a la pesquera Friosur, a través de sistemas de arrastre de la captura de la reineta. (…) Opera con arrastre en el recurso reineta en la zona de arribo de juveniles de esta especie, provocando un daño irreversible a la sustentabilidad de la pesquería», reclamó.
La Comisión acordó enviar un oficio para que se pueda dar una respuesta ante los argumentos presentados.
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*La foto destacada es de contexto y los créditos son para Osvaldo Larraín | Fundación Terram.