Con cautela fue recibido en la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) el reciente anuncio del gobierno de modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). El gremio pesquero local espera que los cambios tiendan a reforzar los aspectos positivos de la legislación y mejoren el combate a la pesca ilegal. Sin embargo, esperan que no intensifique la asignación de cuotas de pesca mediante licitación, debido a que, según sostiene su gerente, Leandro Sturla, «tal modalidad implica desconocer los derechos históricos de los actores pesqueros ya constituidos y beneficia fundamentalmente a las empresas más grandes y con mayor poder financiero, perjudicando en cambio a las medianas y pequeñas, las cuales podrían quedar fuera de competencia y desaparecer».
«La ley actual es de vanguardia, entre las más modernas y completas a nivel mundial, privilegia la sustentabilidad y la recuperación de las pesquerías sobre otros intereses. Predomina el criterio científico sobre cualquier otro», asegura el representante de la AIP.
Las aprehensiones del gremio se deben a que congresistas están exigiendo que las cuotas de pesca sean asignadas fundamentalmente por licitación, e incluso por periodos de un año. Actualmente, las cuotas se entregan en base a los derechos históricos de los actores industriales y artesanales, y se licita un 15% anual en el caso de las pesquerías que alcanzan un estado de rendimiento máximo sostenible (RMS), es decir, que sus poblaciones están sanas y su pesca es sustentable.
«Si el objetivo es incorporar nuevos actores al sector pesquero, eso no se logra. En las licitaciones se imponen los intereses de las mayores empresas, que cuentan con más recursos. La asociación que yo represento es de pequeños armadores, localizados en la región de Coquimbo o en Quintero (región de Valparaíso). Con la experiencia de licitaciones pasadas, podemos concluir que las licitaciones favorecen la concentración de los recursos y no su distribución más amplia. Tampoco puedo pensar que actores nuevos van a tener una visión conservacionista mejor que la de los actuales, quienes han logrado llevar las pesquerías a su RMS. Por lo tanto, es indispensable defender los derechos históricos», enfatiza.
Sturla argumenta que los asociados de la AIP son «empresas familiares que toda una vida se han dedicado a la actividad y han apostado e invertido por tener la actividad sana. Estos son los genuinos representantes de las pymes pesqueras».
El ejecutivo de los industriales, además, comentó que en las últimas dos renovaciones a la legislación se cambiaron los antiguos permisos de pesca por licencias transables de pesca (LTP), que pueden ser traspasadas, arrendadas o vendidas. Tales licencias tendrían una vigencia al menos de 20 años, pudiendo ser renovadas al cumplir normas ambientales y laborales.
«Nuestro sector ve que cualquier iniciativa tendiente a disminuir ese periodo se constituye, lisa y llanamente, en una expropiación. Es atentatorio contra la pyme regional, que no tiene otro norte que su actividad pesquera histórica. Debemos resaltar que el sector pesquero industrial aporta una carga impositiva superior al promedio de otras actividades productivas. A modo de ejemplo, se paga por certificar cada desembarque pesquero que se realiza a diario; además, se pagan patentes por cada embarcación, y se cancela un royalty pesquero (impuesto específico) a todo evento, se capture o no la cuota asignada. Esto es insólito, único en el mundo: pagar por incertezas», lamenta el gremialista.
«Criterios técnicos»
Según Sturla, la LGPA minimizó el margen de discrecionalidad para las autoridades de turno en el manejo de las pesquerías. Con el anterior marco legal, solían imponerse las presiones políticas, sociales o sectoriales para autorizar más pesca de la recomendable. Hoy, en cambio, asevera que las decisiones están sujetas a comités científicos y comités de manejo, lo cual se ha reflejado en la recuperación de la biomasa en pesquerías que hasta hace poco se hallaban deterioradas.
«Se resuelve y maneja cada pesquería con criterios técnicos o científicos. No hay facultades discrecionales», puntualiza, agregando que «desde la implementación de la nueva ley, todos los recursos manejados por el sector industrial deben cumplir con una trazabilidad, que permite asegurar la embarcación y área de pesca en donde fue extraído cada recurso».
Sturla también dice que el marco legal actual coincide con una «creciente preocupación» del sector pesquero industrial por certificar sus producciones. «Hoy nuestra asociación tiene sus tres especies objetivo certificadas con el estándar más validado a nivel mundial, el Marine Stewarship Council (MSC). Fuimos las tres primeras pesquerías industriales certificadas en Chile, con el camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, y todas gozan de buena salud. Posteriormente se han certificado unidades pesqueras de la zona centro-sur, y hay otras pesquerías en vías de certificación».
Entre los aspectos mejorables de la LGPA, el gremialista concluye que «en los comités científicos debieran estar los mejores profesionales para cada recurso pesquero, pudiendo ser nacionales o extranjeros, además de fortalecer el combate a la pesca ilegal».