(El Mercurio) «No hay trabajo, los bonos no le llegaron a la gente que le correspondía. ¿Qué más mal podemos estar? Los servicios públicos no están cumpliendo y seguimos esperando que nos reciban», dice Luis Adue, presidente de Prodelmar, una de las organizaciones de la pesca artesanal que lideraron las movilizaciones en la crisis por la marea roja que afectó a Chiloé, en la Región de Los Lagos.
Al cumplirse dos meses del término de las movilizaciones, que en mayo mantuvieron bloqueos en distintos puntos de la región y que por 18 días impidieron el acceso a Chiloé por el canal de Chacao, el Gobierno y dirigentes del movimiento social discrepan por el cumplimiento de los acuerdos suscritos para poner fin al conflicto.
El intendente de Los Lagos, Leonardo de la Prida, asegura que «estamos preocupados de cumplir y honrar la palabra empeñada en los acuerdos (firmados con organizaciones de 17 comunas). Hemos pagado bonos a más de 6.200 personas y seguimos revisando apelaciones, con lo que podríamos llegar a 6.600 o 7.000».
De la Prida añade que además «estamos financiando Programas de Mejoramiento Urbano que benefician a más de 12.000 personas», con lo cual se han destinado unos $8.000 millones.
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Su optimismo no lo comparten las organizaciones sociales. A las quejas de Adue, dirigentes de varias localidades chilotas aseguran que han recurrido a la Ley de Transparencia, han pedido reuniones, pero no han sido recibidos y «la gente en las caletas lo está pasando mal».
Reconocen que los empleos de emergencia ($150.000 mensuales) son una ayuda, «pero quién vive o mantiene a una familia con ese dinero. Lo que necesitamos es fomento productivo, y los servicios públicos que debieran proporcionarlo no lo están haciendo», dice Adue.
En Chiloé, Daniel Montiel representa a recolectores de Castro, asegura que «han pasado varias semanas esperando que el Gobierno responda un petitorio, y ni el intendente ni la Presidenta nos responden».
En Quellón, Denisse Alvarado, dirigenta de las Mujeres de la Pesca Artesanal, no oculta su enojo. «La última vez que los vimos por aquí fue el 9 de junio y desde entonces no sabemos de nuestras autoridades. No contestan el teléfono», asegura.
La dirigenta plantea que «se nota necesidad. Las conserveras contratan por unos días y la venta de mariscos está lenta por la desconfianza en los consumidores de Santiago (Región Metropolitana), por ejemplo. Necesitamos que divulguen que están libre de contagio».
Asevera igualmente que «la gente no tiene nada y no ha recibido ayuda del Gobierno. Lo único que ha llegado son cajas de alimentos de la Municipalidad de Las Condes».
Autoridad sanitaria
En tanto, la presencia de la toxina paralizante va en retirada en algunos sectores costeros de la isla, de la mano de constantes análisis en áreas de recolección. «Vamos a ampliar en 30 las áreas, de 18 a 203 puntos de muestreo de marea roja», explica la secretaria regional ministerial (seremi) de Salud de Los Lagos, Eugenia Schnake, para garantizar una rápida reacción a este fenómeno.
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Schnake se defiende de las críticas, especialmente de productores de choritos, que acusaron que el cierre amplio que decretó la Seremi generó un grave daño económico. Esta lo atribuyó a que en el inicio de la crisis «no sabíamos cuáles iban a ser los flujos de las mareas. Tuvimos un cierre precautorio, pero eso se ordenó».
Y aunque el mal tiempo complica las tomas de muestras, se reforzó el personal para llegar a más puntos.
El repliegue incide directamente en el pago de los bonos solidarios, que se extenderá hasta que cada comuna esté libre de la toxina.
Por ello, se espera que pronto dejarán de recibir ayuda los afectados de las comunas de Castro, Quellón, Queilén, Quinchao, Curaco de Vélez y Dalcahue.
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