(La Tercera) «Como nos conocen, es más rápido y expedito. Además que tenemos algunos padrinos. Aquí hay directores que tienen parientes, familiares o amigos que son congresistas», dice un dirigente empresarial sobre el acceso a las audiencias de las comisiones permanentes de ambas cámaras del Congreso. La declaración es parte del estudio «La participación de la sociedad civil en el proceso legislativo chileno», desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pero no todos tienen las mismas facilidades. «El diputado no quería que estuviéramos presente. Entonces lo que nosotros hicimos fue que algunos parlamentarios nos invitaron. O sea, nos dieron esta credencial de asesor temporal», se queja un dirigente sindical en el estudio, en el que se hace una inédita radiografía al proceso de participación de la sociedad civil (empresarios, trabajadores, organizaciones sociales, expertos y otros) en el Congreso.
El estudio, que analizó la participación civil en los años 2013 y 2014, dice que existe un alto interés ciudadano por participar en el proceso legislativo, pero que el sistema debe perfeccionarse. Las instancias que más convocaron a la ciudadanía esos años fueron la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados y de Pesca del Senado, que registraron en promedio 36 y 37 asistentes respectivamente.
Más allá de estas comisiones, en todo el periodo el PNUD contabilizó 17.000 asistencias correspondientes a 5.769 personas (hay quienes asisten más de una vez), pertenecientes a 1.789 instituciones, de las cuales 342 son estatales (19%) y 1.447 son organizaciones de la sociedad civil (81%).
Si bien hay una alta asistencia -hubo un aumento de 20% de las audiencias a instituciones de la sociedad civil en las comisiones entre 2013 y 2014- no todos los que asisten exponen y los que más lo hacen son los expertos, sin embargo, esto tiene como consecuencia la «tecnificación de la discusión legislativa», según el informe. En este además se dice que se deben mejorar las dinámicas que se dan en las comisiones. Por ejemplo, los congresistas no siempre están presentes en toda la sesión; o si están, realizan otras acciones que no les permite estar atentos a las exposiciones de los invitados.
El PNUD precisa que la participación de la sociedad civil no está garantizada en la Constitución y está poco especificada en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, por lo que recomienda incorporarla explícitamente dentro de sus normas, como ocurre en Estonia, Ecuador y Sudáfrica.
«En Estonia, por ejemplo, la consulta de la sociedad civil es obligatoria en la formulación de leyes. Incluso en los informes posteriores se debe señalar hasta qué punto se consideraron las opiniones de la sociedad civil que participó en el debate, justificando esas decisiones», dice el estudio.
Marcela Ríos, coordinadora del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD, explica que el trabajo de este estudio se realizó en el marco de un convenio de colaboración entre el organismo y el Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso, que se inició en 2013.
«Varias de las recomendaciones del estudio van en la línea de establecer normas y procedimientos claros y transparentes, y que se definan los objetivos y alcances de los mecanismos y espacios de participación», dice Marcela Ríos.
El diputado DC Patricio Vallespín, integrante de la Comisión Bicameral de Transparencia del Congreso, sostiene que sin duda se deben mejorar las instancias de participación en los procesos legislativos y anuncia que van a elaborar un reglamento para la participación ciudadana en leyes en cada una de las comisiones.
«Hoy hay clientes frecuentes que vienen para todos los temas, acá vemos que son siempre los mismos. Se limita la diversidad en el recoger opiniones que puedan ser de utilidad para el proceso legislativo. Estamos en un momento de hacer un cambio», asegura.
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