Después de cinco días de paralización en el puerto de Caldera, en la Región de Atacama, dirigentes de la pesca artesanal decidieron acabar con las movilizaciones y llevar por vía legal y ante la Contraloría General de la República las irregularidades en las que estaría incurriendo la alcaldesa Brunilda González (PPD), quien -según denuncian- ha otorgando patentes comerciales a particulares ajenos al sector, sin contar con título de dominio ni contrato de arriendo, respecto de la infraestructura construida por la Dirección de Obras Portuarias (DOP) a pescadores artesanales para su administración.
A través de una nota emitida por la Confederación Nacionales de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), se acusa a la recién asumida edil de «intervencionismo político, prácticas antisindicales y arbitrariedad en la toma de decisiones, además de intransigencia, autoritarismo y de haber actuado deliberadamente en contra de los pescadores artesanales a través de mentiras y manipulación, que incluyen amenazas y la presentación de recursos de protección ante las movilizaciones».
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En esa línea, el presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales Falucheros de Caldera, Elvio Martínez, comentó que se sienten «completamente defraudados» con la resolución tomada por la alcaldesa. De acuerdo con sus palabras, se pasaron a llevar tres actas provisorias emanadas desde el DOP que entregan la administración de la infraestructura, la última a la Corporación de Pescadores Artesanales de Caldera, creada precisamente para este tipo de fines.
«Pensamos que la alcaldesa está cegada con el poder que tiene y ha actuado como si fuera dueña del puerto de Caldera. Nos parece lamentable, por cuanto haremos llegar los antecedentes, incluido el informe jurídico emanado del municipio a Contraloría, para demostrar que se está actuando fuera de la ley al otorgar patentes municipales sin contar con título de dominio o un contrato de arriendo», enfatizó Martínez.
Por su parte, el presidente de la Corporación de Pescadores Artesanales de Caldera y secretario de la Conapach, Miguel Ávalos, manifestó que «seguimos teniendo los mismos problemas y queremos ser escuchados a nivel nacional. No han querido respetar y reconocer los derechos que tienen pescadores artesanales respecto de la administración de la infraestructura construida por el DOP para el sector y que es parte del mandato que la misma Presidenta de la República, Michell Bachelet, incluyera en su programa de Gobierno».
Proyecto de ley
Los dirigentes sostienen que el conflicto que viven los pescadores de Caldera desde hace casi una década sobre la infraestructura construida para su desarrollo, está relacionado con el proyecto de ley que regula el desarrollo integral y armónico de caletas, y que considera la participación de los alcaldes en la comisión intersectorial a cargo de aprobar o rechazar planes de administración al interior de los puertos pesqueros artesanales.
«Para los pescadores artesanales de Chile, quienes han participado de los ampliados consultivos realizados en Mejillones (Región de Antofasta), Caldera, Pichilemu (Región de O’Higgins) y Puerto Montt (Región de Los Lagos), la situación que se describe en el puerto de Caldera es un ejemplo de lo que sucederá en el futuro en todas las caletas del país, por lo que hacemos un llamado a frenar la aprobación de una ley que resultará letal para los planes de crecimiento del sector», subrayó la Conapach en el mismo comunicado de prensa.
Elvio Martínez añadió que los municipios no son aptos para administrar espacios tan específicos como las caletas. «Es ilógico que un espacio que ha debido ser administrado por tantos años por el sector sea traspasado a un organismo que no está a la altura; por lo que nos parece inaceptable que no se estén cumpliendo los mandatos y la promesa que la Presidenta Bachelet anunció en su discurso del 21 de mayo para la pesca artesanal, ya sea por parte del Gobierno con esta ley de caletas, como por parte de una alcadesa que pertenece a la misma coalición», argumentó el timonel del Sindicato de Pescadores Artesanales Falucheros de Caldera.
Para cerrar, Miguel Ávalos complementó que dicho proyecto de ley -actualmente en trámite en el Congreso- se «prestará para que los alcaldes realicen un manejo político de los puertos pesqueros artesanales a favor de quienes trabajan en sus campañas políticas. Porque es eso lo que está ocurriendo ahora», aseguró.