(El Mercurio) Al menos tres cambios o perfeccionamientos a la Ley de Pesca ha consensuado el Gobierno con la mesa de trabajo con congresistas de la Nueva Mayoría y se espera que sean parte de un proyecto legislativo a fin de año. Dicha instancia de diálogo surgió tras la intención -a inicios de 2016- del Partido Comunista de anular esa normativa que rige desde 2013 y que ha sido cuestionada por diversos sectores políticos y pesqueros.
La principal transformación, y quizás la más conflictiva porque podría dar pie a reclamos de expropiación de derechos, está vinculada al otorgamiento y renovación de licencias.
Hoy la normativa cede los permisos de pesca por 20 años, renovables por igual periodo, pero el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, afirmó que «se han ido construyendo elementos de acuerdo en cuanto a que las licencias transables no pueden ser para siempre, deben reflejar un precio justo y eliminarse los privilegios que pudiesen existir al interior de la legislación».
La autoridad añadió que «no debe haber renovación automática, es el consenso, y esto abre espacios a mecanismos alternativos como aumentar los porcentajes de las licitaciones. Eso es parte del debate y de estudios que están contratados para poner a disposición con posterioridad a los parlamentarios».
Otro cambio, detalló Súnico, será el perfeccionamiento de los mecanismos de licitación de recursos. Actualmente, una empresa que se adjudica una licencia de pesca y entra al mercado paga más tributos que otra que está en el rubro. Esa brecha se quiere acortar.
«Queremos emparejar la cancha entre los actuales actores y quienes quieren entrar a la actividad, en los procesos licitatorios. No hay que olvidar que el próximo año se licita el 15% de una gran cantidad de pesquerías de la fracción industrial y queremos contar con el mecanismo más moderno y justo para la adjudicación. Hay estudios encargados para tener información técnica», argumentó Súnico.
Un tercer ajuste apunta a regular de mejor forma las áreas de «perforación», que son los lugares protegidos para los pescadores artesanales, pero donde también pueden operar las naves industriales, como en el caso de la anchoveta en el norte del país.
«Hay en Chile un conjunto de áreas de perforación permitidas por la ley, que faculta a pescadores artesanales e industriales de una pesquería a que se pongan de acuerdo. Hay que revisar esto caso a caso», explicó Súnico. Pero agregó que la intención es que las cinco millas marítimas «se mantengan como un patrimonio de la pesca artesanal».
«Cancha pareja»
Consultado respecto de cómo cree que reaccionará el sector pesquero industrial ante estos cambios, la autoridad comentó que «la reacción deben expresarla ellos, nosotros estamos tratando de manifestar lo que nos parece justo y es que las licencias transables de pesca no pueden ser eternas, sino que deben tener un plazo finito y los mecanismos de renovación no pueden ser automáticos, debe haber requisitos».
El subsecretario agregó que «también debe existir un mejoramiento de los procesos licitatorios que emparejen la cancha tanto entre quienes tienen las licencias transables Clase A, como aquellos que acceden por las licencias Clase B. Además, la ley establece hasta 2032 el fraccionamiento y desde ese año en adelante no se pronuncia. Hay que ir llenando esos vacíos».
Plazos y procesos
Raúl Súnico afirmó que algunos de estos cambios requerirían proyectos de ley que podrían estar contenidos en una propuesta a fin de año. Ello, una vez que estén listos -durante octubre- los diversos estudios técnicos vinculados a los cambios y también después de que el Gobierno revise el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el que estaría listo a fines de este mes y que señalaría las brechas de la ley pesquera chilena con las mejores prácticas internacionales.
La autoridad precisó que esta será la forma en que el Ejecutivo buscará perfeccionar la ley para darle sustentabilidad a los recursos y recuperar las pesquerías en colapso. Aseguró que están «trabajando para que esto tenga el mínimo impacto fiscal, pues Chile no está en condiciones de construir propuestas que involucren incremento de gasto». También sostuvo que se trabajará en un marco de «viabilidad política y consensos nacionales», a la vez que se buscará que no se afecte el empleo.
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