Mientras Lota Protein rechaza haber financiado a políticos y asesores durante la tramitación de la actual Ley de Pesca, el gremio de industriales asegura que dirigentes artesanales fueron pagados para defender las posiciones de la compañía en el Congreso.

Los dirigentes de la Condepp apoyan a Bernardo Caro quien, según sostienen, colaboró en «forma sistemática» con la organización.

Acusan que los representantes de entidades como Pymepes, Condepp, Fenaspar y Fetrapes recibieron sumas de dinero para defender la postura de la empresa ligada a capitales noruego-daneses.

«Es una muestra de la seriedad y buena disposición de las partes para llegar a acuerdos», destacó el presidente de la Fetrapes, Juan Montenegro.

«El subsecretario no debe escuchar la recomendación del Consejo Zonal de Pesca (macrozona norte), porque la mayoría de sus integrantes son representantes de la industria», acusa por su parte uno de los dirigentes de la pesca artesanal.

Tanto la Cosatram como la CUT Llanquihue aseguraron que el hundimiento de la barcaza «Valentina», que ha cobrado la vida de cuatro personas y la desaparición de otra, presentaba deficiencias estructurales y de implementos de seguridad; responsabilidad que, a juicio de los dirigentes, no solo recae en la empresa prestadora de servicios y en la contratante, sino también en los entes de fiscalización, como la Armada y la Dirección del Trabajo.

Los dirigentes del sector embarcado de la Región del Biobío aseguraron que la pesca ilegal no proviene desde el rubro industrial ni de los barcos de arrastre, «sino que son algunos de un grupo no menor de artesanales merluceros quienes cometen esta ilegalidad».