(El Mercurio) El magistrado Rodrigo Grez, titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén, accedió a la incautación de respaldos de los correos electrónicos del diputado Iván Fuentes (independiente, pro DC), en la investigación por los posibles delitos de cohecho, fraude al fisco e infracción tributaria en el financiamiento de su campaña que habría sido coordinada por la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes).
La solicitud fue realizada por el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, quien fundamentó la petición en el hecho de que el actual legislador habría recibido $13 millones. Al respecto, citó dos e-mails -del 4 de abril de 2013 y 20 de junio de 2013-, en que ejecutivos de la Fipes hablan del financiamiento «a la campaña de Iván Fuentes y que estos dineros serían entregados por Carlos Vial (presidente de Fipes) a Patricio Walker».
En la presentación, el persecutor aseguró que Fuentes «en dos ocasiones (en diciembre de 2016 y febrero de este año) ha sido invitado a prestar testimonio; este ha asistido y ha hecho uso de su derecho a guardar silencio, impidiendo con ello que se pueda acceder a una entrega voluntaria de computadores, permitiendo analizar su correspondencia electrónica».
Salgado agregó que el diputado Fuentes «ha sido el único al cual no se le ha podido recabar tal información a la fecha, constituyendo un elemento esencial para el desarrollo de la presente investigación».
Hasta este jueves (9 de febrero=, la Brigada de Delitos Económicos de Coyhaique de la Policía de Investigaciones (PDI) no concretaba la incautación.
«El Mercurio» telefoneó al diputado Fuentes, pero no logró contactarlo. Pero su defensor público, Fernando Acuña, solicitó una audiencia de cautela de garantía para que no se realizara la incautación. Argumentó que hasta la fecha, no existe una petición de formalización en contra de su representado y que «cualquier actuación que se dirija a su respecto sin conocimiento de esta parte, atenta contra el derecho a defensa». La solicitud fue rechazada por el juez.
En tanto, la defensa de Patricio Walker pidió a la Corte Suprema que se declararan inadmisibles los recursos de queja interpuestos por la fiscalía, los querellantes del Sindicato de Pescadores Artesanales de Coronel y el diputado PC, Hugo Gutiérrez, que buscan revertir el sobreseimiento del congresista.
En su escrito, el abogado Jorge Bofill planteó que el sobreseimiento, como es parcial, «no es de aquellos que puede ser objeto de un recurso de queja, ya que no pone término al juicio».
Marisa Navarrete, querellante del sindicato de Coronel, pidió que se declare admisible. La abogada citó el caso del sobreseimiento definitivo de Carlos Ominami, en el cual el máximo tribunal conoció los recursos de queja del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos (SII), el que fue finalmente rechazado.
Plazo
El juez Rodrigo Grez dio cinco días, a contar del 8 de febrero, para realizar la diligencia.
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