Pescadores artesanales boteros, cuya extracción está destinada exclusivamente para el consumo humano, estarían siendo los más afectados producto del covid-19 (coronavirus) y la cuarentena total que se mantiene hace 21 días en la comuna de Arica (región de Arica y Parinacota) y que se prorrogó por siete días más, según advirtió el director de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Sergio Guerrero, quien además es director del Sindicato de Pescadores Artesanales N°1 de Arica.
«Es que la gente no puede salir de sus casas si no tiene salvoconducto, lo que genera una caída sustantiva en las 
ventas debido a que la gente sale en busca de víveres de primera necesidad, lo que produce una baja en los precios de los pescados que no alcanza a cubrir los gastos de operación», alertó.
El dirigente subrayó además que, «es importante recordar que desde que salió la sentencia por parte del Tribunal de La Haya por el diferendo limítrofe entre Perú y Chile, los pescadores artesanales de Arica tienen que salir a la altura de Pisagua, en la región de Tarapacá, para salir a pescar, lo que encarece aún más los gastos operacionales de las embarcaciones menores».
En este contexto, Guerrero enfatizó que es prioritario que el Gobierno atienda la realidad que está viviendo el puerto pesquero artesanal de la ciudad limítrofe, donde más del 60% de los pescadores tienen más de 60 años y donde solo alrededor del 25% del total de pescadores recibirá el bono de capacitación.
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«Estamos preocupados por la situación social y económica que desencadenará las medidas sanitarias producto de la pandemia. Muchos pescadores mayores sobreviven a sus pensiones solidarias gracias al trabajo que están forzados a realizar en la pesca, por lo que es prioritario que el Gobierno ponga en marcha algún tipo de subsidio, que por lo menos alivie los gastos en combustible que genera salir a la región contigua», puntualizó.
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Y culminó diciendo que, «el principal problema para el pescador artesanal es llegar a fin de mes en una ciudad que está casi completamente paralizada, donde el kilo de pescado bajó su valor comercial en más de 50%, donde no hay poder comprador y donde no existen programas asociados para mejorar la distribución y la comercialización, por lo que es urgente que la ayuda del Gobierno sea consensuada con los mismos pescadores».
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