Un peligro extremo para la vida humana, el medio ambiente y la economía, representa uno solo de los problemas que está provocando en el país que no haya una institucionalidad central única –como un Ministerio del Mar- que regule todas las actividades que se generan desde la línea de más baja marea hacia el mar.
Con ese párrafo comienza un comunicado de prensa emitido por la entidad denominada Embarcados de Chile (agrupa a capitanes de pesca de alta mar, motoristas y tripulantes), donde sostienen que el riesgo nace al no estar actualizada la normativa de dotación de pontones (artefactos navales), por lo que aquellos que se encuentran instalados para la acuicultura en el sur del país podrían causar incendios, derrames y contaminación, debido a que no hay a bordo personal capacitado para reaccionar a emergencias de ese nivel.
Los pontones eran antiguamente una plataforma sencilla desde la que se surtía de petróleo y víveres a las naves. Hoy se han convertido en estructuras con bodegas de químicos, estanques de petróleo, gasolina y dotadas de motores generadores de alto poder, entre otros.
«Han ocurrido incendios y los pontones se han hundido por falta de gente capacitada para trabajar a bordo. Una norma que obligue a adecuar las dotaciones a la realidad de estos artefactos abriría, de paso, fuentes de empleo a tripulantes, patrones y motoristas. Son profesionales de ese nivel los que trabajan, en general, en los pontones de San Vicente, Talcahuano (región del Biobío), pero es urgente que la autoridad marítima ordene la actividad en el sur», enfatizó Eric Riffo, presidente del Sindicato de Oficiales Motoristas.
El dirigente argumentó que estos pontones además de hidrocarburos manejan a bordo el líquido que genera el ensilaje de salmones, que es tóxico, y suele haber alrededor de 30.000 litros de petróleo en cada uno, lo que da la señal del daño ecológico que causaría un incendio con derrame, por ejemplo.
José Maldonado, tesorero del Sindicato de Oficiales Patrones, y Hugo Roa, presidente del Sindicato de Tripulantes, concordaron con Riffo manifestando en el mismo comunicado que las costas de Chile son la puerta de entrada y salida del desarrollo nacional, «y el Estado debe tener institucionalidad para mirar esos temas de forma integral. No como ocurre ahora que prácticamente todo está en manos de una institución de las Fuerzas Armadas (Directemar), sin participación activa del mundo civil».
En esa línea, los dirigentes del sector embarcado han criticado la forma como se aprobaron las enmiendas al Convenio de Manila.
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Otros problemas
De acuerdo con lo expresado por los Embarcados de Chile, un ejemplo es el Decreto 90 que el sector naviero lleva diez años tratando de modificar porque, según sostienen los dirigentes, contiene errores como un artículo que estipula que un motorista primero para ascender a ingeniero tercero debe tener 24 meses de trabajo en una embarcación superior a 3.000 Kw, pero el artículo siguiente ordena que un motorista primero no podrá ser jefe de máquinas en embarcaciones de 3.000 Kw.
«Por otro lado, la tecnología avanza sin pausas y los motores son cada vez más pequeños y de mayor potencia, por lo que las naves han ido reemplazando los antiguos motores por modernos y el motorista de a bordo es el mismo», subrayan en el citado comunicado de prensa, el cual cierra puntualizando que existen otros problemas como que Chile no suscribe el Convenio STCW-F aunque está aprobado como propuesta desde el ’78.
«Faltan reglamentos para la acuicultura, hay que normar la conectividad en el sur, entre otros temas que una subsecretaría no alcanza a resolver por falta de capacidad logística y técnica; y un ministerio lo podría realizar», concluyó por su parte José Maldonado.